Se realizó el acto de repudio al crimen de Cristian Ferreyra 0 178

La Plaza de Colectividades congregó a militantes y representantes de distintas organizaciones sociales, convocadas por la Asociación Cañadense de DDHH.

En el comienzo del acto, tras la lectura de adhesiones enviadas por numerosas organizaciones sociales de distinta índole, y de destacar la presencia de miembros del sindicato de Municipales cañadense, se leyó un comunicado de la entidad convocante, la Asociación Cañadense de Derechos Humanos, que pone destaca la responsabilidad del gobierno en la falta de control sobre quienes vienen realizando desalojos y promueven la extensión de la frontera agrícola, además de enfatizar la conexión entre el productor agropecuario Jorge Ciccioli, hoy detenido en Santiago en conexión con el hecho de sangre mencionado.
“Repudiamos este brutal atentado, nos solidarizamos con los hombres y mujeres del movimiento e invitamos a reflexionar… “, dice el texto.
“Es necesario desnaturalizar este tipo de practicas que vienen repitiéndose desde hace más de 20 años, donde el poder judicial, la policía y el Gobierno provincial crean las condiciones para atraer los capitales que persiguen las tasas de ganancia sin importar las consecuencias. 2
“Desde el Gobierno Nacional siguen sin poner límites. Con discursos, justificaciones y silencios se ampara el accionar provincial y se estimula la extensión de la frontera agrícola. La soja no crece sin desmonte, agrotóxicos y desalojos. “
“En este episodio se enfrentan dos países: el del desarrollo ilimitado, agroexportador, contaminante, concentrador de riqueza y poder, y el del dolor; y el de la soberanía alimentaria, el respeto de los bienes comunes, el poder popular, el de la vida.”
“La muerte del compañero Cristian Ferreyra, es la de la impunidad, va más allá de una noticia en un medio masivo o la muerte desde un sector político, y nadie tiene la intención de ponerle fin.”, finaliza el documento.
En la continuidad del acto, sobresalieron las palabras de “Beto” Olivares, abogado actuante en numerosos casos de defensa de miembros de organizaciones sociales, conocido en la ciudad al patrocinar a los querellantes en el sonado caso de la vivienda de San Lorenzo al 200, demolida por el municipio. Olivres se refirió a la importancia de “vencer a la apatía” de la población, y de la importancia de que aunque sean un puñado, haya quienes s e acerquen a estos actos.

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Piden informes sobre docentes no convocados de escuelas municipales 0 479

El concejal Matías Chale, a través de una minuta de comunicación, pide se informen los motivos por los que varios docentes que desde hace año están a cargo de talleres municipales, no fueron convocados para el inicio de las actividades en el presente año.
En el considerando de la minuta, Chale hace notar que se trata de docentes que al inicio de la pandemia, el año anterior, reclamaron públicamente por el recorte en sus sueldos, medida que luego el Ejecutivo no puso en práctica.

“Es incomprensible que el gobierno provincial no invierta los recursos que envió Nación para seguridad” 0 409

Las diputadas Clara García y Lionella Cattalini (Socialistas-FPCyS), el diputado Juan Cruz Cándido (UCR-FPCyS), junto a integrantes de sus respectivos bloques, pidieron al gobierno de Omar Perotti que informe por qué “no se ha hecho uso alguno, ni hay proceso licitatorio en marcha” para disponer de los 3.000 millones de pesos previstos en el convenio de inversión en seguridad anunciados por el Presidente en el mes de septiembre y formalizado en convenio del 16 de octubre de 2020. “Es una situación sumamente grave dada la escalada de violencia e inseguridad que vive la provincia, sobre todo en sus principales núcleos urbanos”, afirman, a la vez que advierten sobre “la posibilidad de que dichos fondos se pierdan por el transcurso del plazo de 120 días” dispuesto en el instrumento mencionado.

“Durante todo el año pasado cuestionamos la decisión del gobierno provincial de mantener recursos inmovilizados en depósitos a plazo fijo en lugar de asistir a tantos sectores afectados por la pandemia. Pero cuando hablamos del tema seguridad es más incomprensible aún que en medio de una crisis que la propia ciudadanía se encarga de denunciar, el Ejecutivo no destine todos sus esfuerzos a convertir los recursos disponibles en herramientas concretas”, indicaron los autores del proyecto.

“No se conocen iniciativas concretas de modernización, incorporación de equipamientos y tecnologías o nuevas instalaciones. En cambio, hay subejecución de las partidas presupuestarias votadas por la Legislatura provincial y ningún uso del aporte del Gobierno nacional en materia de seguridad con el riesgo, en este caso, de perderlo”, agregaron.

En los fundamentos de la presentación, recordaron que el 29 de setiembre de 2020, en visita oficial a Rosario, el presidente Alberto Fernández expresó su especial preocupación por la seguridad al anunciar que destinaría fondos a inversiones para la seguridad en Santa Fe. “Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario, porque acá hay un foco al que debemos ir directamente y ayudar con recursos a las fuerzas para que puedan actuar de manera adecuada”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Según el convenio que se rubricó a mediados de octubre, los recursos debían ser destinados al “establecimiento y equipamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales” así como a “la adquisición de celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, nombres de punto de acceso (APN) privada y manejo de dispositivos móviles (MDM), hardware, software y mobiliario, licencias, mantenimiento y personal de soporte para administración de servicio técnico, dispositivos de rastreo a través de GPS /AVL para el seguimiento de vehículos, cámaras internas de videovigilancia para vehículos, drones y establecimiento de cableado y vehículos centro y de apoyo para drones”.

El aporte nacional llegó a las arcas provinciales antes del 23 de diciembre (primer decreto que asigna partida presupuestaria), pero un mes después los saldos no habían sido invertidos, por lo que el gobernador Perotti debió firmar un nuevo Decreto para reincorporar los 3.000 millones al Presupuesto 2021 de seguridad.

Al respecto, también mencionaron declaraciones del ministro de Economía, Walter Agosto, quien el pasado 31 de enero afirmó: “Los 3.000 millones de pesos son para un mega proyecto que se ejecutará fundamentalmente en Santa Fe y Rosario y que ya está en la etapa final de elaboración de pliegos en el Ministerio de Seguridad y con próximo al llamado a licitación”.

“Pasaron 40 días de esas declaraciones y el llamado a licitación no se ha producido. Desde los primeros anuncios a hoy pasaron casi 6 meses sin que en la provincia de Santa Fe se invirtiera un solo peso de estos 3.000 millones. Entonces, mientras el presidente Fernández aseguró en su discurso del 1° de marzo ante el Congreso de la Nación haber invertido ese monto para trabajar conjuntamente con Santa Fe en la prevención y reducción del delito, la realidad indica que los fondos siguen depositados en las cuentas bancarias de la provincia”, señalaron.

“La gravedad de esta inacción –explicaron desde la Legislatura- es que estamos ante el riesgo que se declare la nulidad del subsidio, tal como está dispuesto por el propio convenio, ante el incumplimiento del plazo de 120 días para utilizarlos y demás obligaciones que asumió la provincia al firmarlo”.

En los fundamentos advierten que “la situación no es nueva. El Ministerio de Seguridad, área que esta gestión provincial menciona constantemente como prioritaria, informó una gran subejecución presupuestaria en 2020”. Al respecto, indicaron que en los primeros 9 meses del año pasado sólo ejecutó el 6% de los recursos propios para bienes de capital, tales como edificios, infraestructura y equipamiento.

En relación a 2021, no sólo no hay ningún proceso licitatorio para la utilización de los 3.000 millones de pesos del convenio con Nación, sino que el sitio oficial muestra sólo tres licitaciones públicas iniciadas y cuatro sin abrir aún, imputadas al presupuesto propio, una de ellas interrumpida recientemente por la justicia (compra de armamento) por beneficiar presuntamente a un único oferente. Entre las otras, hay licitaciones por gastos normales de gestión, como barbijos bordados, papelería para actas de infracción, algunos minibuses y camiones, vestimenta para el combate de incendios forestales y boquillas para alcoholímetros, todas sin mayor impacto presupuestario.

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