“Es incomprensible que el gobierno provincial no invierta los recursos que envió Nación para seguridad” 0 393

Diputadas y diputados del Frente Progresista pidieron informes al Ejecutivo para saber por qué “no se han utilizado, ni hay proceso licitatorio en marcha” para invertir los 3.000 millones de pesos recibidos en 2020. Advierten que podrían perderse si se vence el plazo establecido para su disposición.

Las diputadas Clara García y Lionella Cattalini (Socialistas-FPCyS), el diputado Juan Cruz Cándido (UCR-FPCyS), junto a integrantes de sus respectivos bloques, pidieron al gobierno de Omar Perotti que informe por qué “no se ha hecho uso alguno, ni hay proceso licitatorio en marcha” para disponer de los 3.000 millones de pesos previstos en el convenio de inversión en seguridad anunciados por el Presidente en el mes de septiembre y formalizado en convenio del 16 de octubre de 2020. “Es una situación sumamente grave dada la escalada de violencia e inseguridad que vive la provincia, sobre todo en sus principales núcleos urbanos”, afirman, a la vez que advierten sobre “la posibilidad de que dichos fondos se pierdan por el transcurso del plazo de 120 días” dispuesto en el instrumento mencionado.

“Durante todo el año pasado cuestionamos la decisión del gobierno provincial de mantener recursos inmovilizados en depósitos a plazo fijo en lugar de asistir a tantos sectores afectados por la pandemia. Pero cuando hablamos del tema seguridad es más incomprensible aún que en medio de una crisis que la propia ciudadanía se encarga de denunciar, el Ejecutivo no destine todos sus esfuerzos a convertir los recursos disponibles en herramientas concretas”, indicaron los autores del proyecto.

“No se conocen iniciativas concretas de modernización, incorporación de equipamientos y tecnologías o nuevas instalaciones. En cambio, hay subejecución de las partidas presupuestarias votadas por la Legislatura provincial y ningún uso del aporte del Gobierno nacional en materia de seguridad con el riesgo, en este caso, de perderlo”, agregaron.

En los fundamentos de la presentación, recordaron que el 29 de setiembre de 2020, en visita oficial a Rosario, el presidente Alberto Fernández expresó su especial preocupación por la seguridad al anunciar que destinaría fondos a inversiones para la seguridad en Santa Fe. “Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario, porque acá hay un foco al que debemos ir directamente y ayudar con recursos a las fuerzas para que puedan actuar de manera adecuada”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Según el convenio que se rubricó a mediados de octubre, los recursos debían ser destinados al “establecimiento y equipamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales” así como a “la adquisición de celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, nombres de punto de acceso (APN) privada y manejo de dispositivos móviles (MDM), hardware, software y mobiliario, licencias, mantenimiento y personal de soporte para administración de servicio técnico, dispositivos de rastreo a través de GPS /AVL para el seguimiento de vehículos, cámaras internas de videovigilancia para vehículos, drones y establecimiento de cableado y vehículos centro y de apoyo para drones”.

El aporte nacional llegó a las arcas provinciales antes del 23 de diciembre (primer decreto que asigna partida presupuestaria), pero un mes después los saldos no habían sido invertidos, por lo que el gobernador Perotti debió firmar un nuevo Decreto para reincorporar los 3.000 millones al Presupuesto 2021 de seguridad.

Al respecto, también mencionaron declaraciones del ministro de Economía, Walter Agosto, quien el pasado 31 de enero afirmó: “Los 3.000 millones de pesos son para un mega proyecto que se ejecutará fundamentalmente en Santa Fe y Rosario y que ya está en la etapa final de elaboración de pliegos en el Ministerio de Seguridad y con próximo al llamado a licitación”.

“Pasaron 40 días de esas declaraciones y el llamado a licitación no se ha producido. Desde los primeros anuncios a hoy pasaron casi 6 meses sin que en la provincia de Santa Fe se invirtiera un solo peso de estos 3.000 millones. Entonces, mientras el presidente Fernández aseguró en su discurso del 1° de marzo ante el Congreso de la Nación haber invertido ese monto para trabajar conjuntamente con Santa Fe en la prevención y reducción del delito, la realidad indica que los fondos siguen depositados en las cuentas bancarias de la provincia”, señalaron.

“La gravedad de esta inacción –explicaron desde la Legislatura- es que estamos ante el riesgo que se declare la nulidad del subsidio, tal como está dispuesto por el propio convenio, ante el incumplimiento del plazo de 120 días para utilizarlos y demás obligaciones que asumió la provincia al firmarlo”.

En los fundamentos advierten que “la situación no es nueva. El Ministerio de Seguridad, área que esta gestión provincial menciona constantemente como prioritaria, informó una gran subejecución presupuestaria en 2020”. Al respecto, indicaron que en los primeros 9 meses del año pasado sólo ejecutó el 6% de los recursos propios para bienes de capital, tales como edificios, infraestructura y equipamiento.

En relación a 2021, no sólo no hay ningún proceso licitatorio para la utilización de los 3.000 millones de pesos del convenio con Nación, sino que el sitio oficial muestra sólo tres licitaciones públicas iniciadas y cuatro sin abrir aún, imputadas al presupuesto propio, una de ellas interrumpida recientemente por la justicia (compra de armamento) por beneficiar presuntamente a un único oferente. Entre las otras, hay licitaciones por gastos normales de gestión, como barbijos bordados, papelería para actas de infracción, algunos minibuses y camiones, vestimenta para el combate de incendios forestales y boquillas para alcoholímetros, todas sin mayor impacto presupuestario.

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Piden informes sobre docentes no convocados de escuelas municipales 0 459

El concejal Matías Chale, a través de una minuta de comunicación, pide se informen los motivos por los que varios docentes que desde hace año están a cargo de talleres municipales, no fueron convocados para el inicio de las actividades en el presente año.
En el considerando de la minuta, Chale hace notar que se trata de docentes que al inicio de la pandemia, el año anterior, reclamaron públicamente por el recorte en sus sueldos, medida que luego el Ejecutivo no puso en práctica.

Concejales de la UCR piden por el servicio de helicóptero de emergencia 0 478

Desde el bloque de la UCR de Cañada de Gómez se le pidió a la intendenta Stella Clérici que contrate el servicio médico de emergencia a través del uso de helicóptero, que presta la firma UTV y con la que ya han formado convenios la mayoría de las localidades del departamento Iriondo.

En el documento titulado “Con la Salud no se juega”, se hace hincapié en la importancia de esa prestación en relación a la calidad de vida de los cañadenses

 

“Le pedimos a la intendente Clerici que recapacite y vuelva atrás la decisión que tomó de no contratar el servicio de cobertura médica de emergencia con helicóptero”, expresa el comunicado. “Es muy importante para la salud de los cañadenses, que podamos contar con este servicio, el tiempo de traslado es fundamental en una emergencia y salva vidas”.
El documento continúa diciendo que “no se puede especular con algo tan importante, no es simplemente una cuestión de números, es una cuestión de prioridades en los temas de agenda de una ciudad, y de pensar en lo que realmente es importante.”

El resto del documento del bloque de la UCR:

Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas, es de ésto que tenemos que hablar. Se gastan millones de pesos del dinero de todos los cañadones en cosas muchos menos importantes que la salud, en cosas que solamente lo capitalizan los funcionarios que salen en la foto o en el banner que está de fondo del acto político, mientras que invertir en salud salva vidas.

Esta inversión, como la mayoría de las inversiones en salud, son las que tenemos que hacer y ojalá que después no tengamos que usarlas, porque nadie se accidentó. Pero no podemos lamentarnos cuando pase algún caso y que no pudimos salvarle la vida a una persona porque la Municipalidad de Cañada de Gómez no quiso contratar la cobertura de emergencia médica del helicóptero, como sí hicieron la mayoría de los municipios y comunas de la región. Los habitantes de esas localidades de la zona tienen mejor cobertura de emergencia médica que nosotros en Cañada y a la larga eso se traduce en mejor calidad de vida.

El comité de seguimiento sanitario del departamento negoció una tarifa especial para quienes contraten este servicio en el marco de ese convenio, mejoraron un 20% ese costo, y vamos a ser el único distrito que no adhirió.

En este tema no puede haber mezquindades políticas ni egocentrismo, acá realmente se ve quien realmente son personas de estado y quienes simplemente hacen política personal sin pensar en la sociedad.

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