El decreto de la provincia Nº 0962 establecía que “toda intervención para mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica” debía contar previamente con una autorización “por escrito” del Ministerio de Educación. La norma fue calificada de burocrática por legisladores y concejales. Ayer, a primera hora, el gobernador Antonio Bonfatti la derogó.
El decreto 962 que reducía la autonomía a las instituciones educativas como a los organismos que aportan recursos económicos para que éstas subsistan. Es que a partir de lo promulgado se establecía que todo acción “para el mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o para la renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica, que se cubra con el financiamiento de fuente nacional o internacional o con fondos provenientes de donaciones o aportes de personas físicas, jurídicas u organizaciones no gubernamentales, y las provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), sólo podrán ser efectivamente autorizados y ejecutados atendiendo al principio de prioridad funcional e institucional según lo defina por escrito la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación”. De esta manera el gobierno se reservaba el derecho de autorizar cualquier movimiento económico que realice la institución con el dinero que no provenga del Estado provincial.
Entonces las cooperadoras escolares no podían decidir libremente qué acciones realizar con los fondos recaudados, sino que por escrito debían recurrir al Ministerio de Educación esperando la autorización correspondiente. Lo mismo con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) que los municipios entregan a las escuelas. Era la provincia la que decidía qué se hacía con el dinero aportado por los estados locales; recortando aún más las facultades de éstos sobre las instituciones, algo que ya había traído varios conflictos en el gobierno de Binner.
La norma no sólo se aplicaba, según el texto, a las modificaciones edilicias relevantes que podrían cambiar la estructura de un edificio público, sino también al mantenimiento del mismo como la adquisición y mantenimiento del equipamiento.
