Bonfatti derogó el decreto que recortaba atribuciones a las cooperadoras escolares 0 124

Establecía que “toda intervención para mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica” debía ser autorizada por escrito por el Ministerio de Educación.

El decreto de la provincia Nº 0962 establecía que “toda intervención para mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica” debía contar previamente con una autorización “por escrito” del Ministerio de Educación. La norma fue calificada de burocrática por legisladores y concejales. Ayer, a primera hora, el gobernador Antonio Bonfatti la derogó.
El decreto 962 que reducía la autonomía a las instituciones educativas  como a los organismos que aportan recursos económicos para que éstas subsistan. Es que a partir de lo promulgado se establecía que  todo acción “para el mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o para la renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica, que se cubra con el financiamiento de fuente nacional o internacional o con fondos provenientes de donaciones o aportes de personas físicas, jurídicas u organizaciones no gubernamentales, y las provenientes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), sólo podrán ser efectivamente autorizados y ejecutados atendiendo al principio de prioridad funcional e institucional según lo defina por escrito la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación”. De esta manera el gobierno se reservaba el derecho de autorizar cualquier movimiento económico que realice la institución con el dinero que no provenga del Estado provincial.
Entonces las cooperadoras escolares no podían decidir libremente qué acciones realizar con los fondos recaudados, sino que por escrito debían recurrir al Ministerio de Educación esperando la autorización correspondiente. Lo mismo con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) que los municipios entregan a las escuelas. Era la provincia la que decidía qué se hacía con el dinero aportado por los estados locales; recortando aún más las facultades de éstos sobre las instituciones, algo que ya había traído varios conflictos en el gobierno de Binner.
La norma no sólo se aplicaba, según el texto, a las modificaciones edilicias relevantes que podrían cambiar la estructura de un edificio público, sino también al mantenimiento del mismo como la adquisición y mantenimiento del equipamiento.
 

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Piden informes sobre docentes no convocados de escuelas municipales 0 437

El concejal Matías Chale, a través de una minuta de comunicación, pide se informen los motivos por los que varios docentes que desde hace año están a cargo de talleres municipales, no fueron convocados para el inicio de las actividades en el presente año.
En el considerando de la minuta, Chale hace notar que se trata de docentes que al inicio de la pandemia, el año anterior, reclamaron públicamente por el recorte en sus sueldos, medida que luego el Ejecutivo no puso en práctica.

“Es incomprensible que el gobierno provincial no invierta los recursos que envió Nación para seguridad” 0 376

Las diputadas Clara García y Lionella Cattalini (Socialistas-FPCyS), el diputado Juan Cruz Cándido (UCR-FPCyS), junto a integrantes de sus respectivos bloques, pidieron al gobierno de Omar Perotti que informe por qué “no se ha hecho uso alguno, ni hay proceso licitatorio en marcha” para disponer de los 3.000 millones de pesos previstos en el convenio de inversión en seguridad anunciados por el Presidente en el mes de septiembre y formalizado en convenio del 16 de octubre de 2020. “Es una situación sumamente grave dada la escalada de violencia e inseguridad que vive la provincia, sobre todo en sus principales núcleos urbanos”, afirman, a la vez que advierten sobre “la posibilidad de que dichos fondos se pierdan por el transcurso del plazo de 120 días” dispuesto en el instrumento mencionado.

“Durante todo el año pasado cuestionamos la decisión del gobierno provincial de mantener recursos inmovilizados en depósitos a plazo fijo en lugar de asistir a tantos sectores afectados por la pandemia. Pero cuando hablamos del tema seguridad es más incomprensible aún que en medio de una crisis que la propia ciudadanía se encarga de denunciar, el Ejecutivo no destine todos sus esfuerzos a convertir los recursos disponibles en herramientas concretas”, indicaron los autores del proyecto.

“No se conocen iniciativas concretas de modernización, incorporación de equipamientos y tecnologías o nuevas instalaciones. En cambio, hay subejecución de las partidas presupuestarias votadas por la Legislatura provincial y ningún uso del aporte del Gobierno nacional en materia de seguridad con el riesgo, en este caso, de perderlo”, agregaron.

En los fundamentos de la presentación, recordaron que el 29 de setiembre de 2020, en visita oficial a Rosario, el presidente Alberto Fernández expresó su especial preocupación por la seguridad al anunciar que destinaría fondos a inversiones para la seguridad en Santa Fe. “Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario, porque acá hay un foco al que debemos ir directamente y ayudar con recursos a las fuerzas para que puedan actuar de manera adecuada”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Según el convenio que se rubricó a mediados de octubre, los recursos debían ser destinados al “establecimiento y equipamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales” así como a “la adquisición de celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, nombres de punto de acceso (APN) privada y manejo de dispositivos móviles (MDM), hardware, software y mobiliario, licencias, mantenimiento y personal de soporte para administración de servicio técnico, dispositivos de rastreo a través de GPS /AVL para el seguimiento de vehículos, cámaras internas de videovigilancia para vehículos, drones y establecimiento de cableado y vehículos centro y de apoyo para drones”.

El aporte nacional llegó a las arcas provinciales antes del 23 de diciembre (primer decreto que asigna partida presupuestaria), pero un mes después los saldos no habían sido invertidos, por lo que el gobernador Perotti debió firmar un nuevo Decreto para reincorporar los 3.000 millones al Presupuesto 2021 de seguridad.

Al respecto, también mencionaron declaraciones del ministro de Economía, Walter Agosto, quien el pasado 31 de enero afirmó: “Los 3.000 millones de pesos son para un mega proyecto que se ejecutará fundamentalmente en Santa Fe y Rosario y que ya está en la etapa final de elaboración de pliegos en el Ministerio de Seguridad y con próximo al llamado a licitación”.

“Pasaron 40 días de esas declaraciones y el llamado a licitación no se ha producido. Desde los primeros anuncios a hoy pasaron casi 6 meses sin que en la provincia de Santa Fe se invirtiera un solo peso de estos 3.000 millones. Entonces, mientras el presidente Fernández aseguró en su discurso del 1° de marzo ante el Congreso de la Nación haber invertido ese monto para trabajar conjuntamente con Santa Fe en la prevención y reducción del delito, la realidad indica que los fondos siguen depositados en las cuentas bancarias de la provincia”, señalaron.

“La gravedad de esta inacción –explicaron desde la Legislatura- es que estamos ante el riesgo que se declare la nulidad del subsidio, tal como está dispuesto por el propio convenio, ante el incumplimiento del plazo de 120 días para utilizarlos y demás obligaciones que asumió la provincia al firmarlo”.

En los fundamentos advierten que “la situación no es nueva. El Ministerio de Seguridad, área que esta gestión provincial menciona constantemente como prioritaria, informó una gran subejecución presupuestaria en 2020”. Al respecto, indicaron que en los primeros 9 meses del año pasado sólo ejecutó el 6% de los recursos propios para bienes de capital, tales como edificios, infraestructura y equipamiento.

En relación a 2021, no sólo no hay ningún proceso licitatorio para la utilización de los 3.000 millones de pesos del convenio con Nación, sino que el sitio oficial muestra sólo tres licitaciones públicas iniciadas y cuatro sin abrir aún, imputadas al presupuesto propio, una de ellas interrumpida recientemente por la justicia (compra de armamento) por beneficiar presuntamente a un único oferente. Entre las otras, hay licitaciones por gastos normales de gestión, como barbijos bordados, papelería para actas de infracción, algunos minibuses y camiones, vestimenta para el combate de incendios forestales y boquillas para alcoholímetros, todas sin mayor impacto presupuestario.

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