La información aparecida en el suplemento El Mirador del diario Clarín, y luego en La Capital, daba cuenta de la denuncia por infracción a la ley penal tributaria, que realizara la Administración Provincial de Impuestos (API), contra la empresa AJS, de nuestra ciudad, que se dedica a la prestación de servicios e instalación de infraestructuras en el rubro electricidad y telefonía.
Ahora, el Frente Progresista de Cañada de Gómez, en un nota firmada por Víctor Cantrini, Roberto Battistini y Luciano Travaglino, en su rol de autoridades del socialismo, democracia cristiana y UCR local, le enviaron al ente provincial, solicitando copia de la denuncia radicada en un juzgado de la ciudad de Rosario, más un informe donde se amplíen los elementos por los cuales se detectó la presunta adulteración de documentación pública.
Las notas publicadas en los diarios daban cuenta de la presentación en un tribunal de instrucción penal rosarino, de la denuncia por defraudación a la administración pública contra una contribuyente de Cañada de Gómez, titular de la empresa AJS.
Según esa información, la empresa en cuestión se presentó a una licitación de la EPE, y el delito que se investiga es el falseamiento de constancias de cumplimiento fiscal, necesarias para avanzar y ser adjudicada en ese concurso licitatorio.
En la presentación del tema, los representantes del Frente Progresista destacaron el rol de control que debe ejercer el Concejo, ya que la mencionada empresa ha ejecutado reiterados trabajos encargados por el municipio.
Tanto Matías Chale, Fernando Mauroni, y Luciano Travaglino, actuales concejales –los dos primeros que intentan acceder a un segundo período- como Víctor Cantarini, también precandidato, pusieron énfasis en establecer que, siendo un derecho el acceso a la información pública, el conocer las razones que llevaron a que desde la Provincia se denunciara a la empresa dentro del marco de la nueva ley penal tributaria, siendo éste el primer caso en su tipo en la provincia de Santa Fe y el segundo en el orden nacional, harán que se cuente con elementos necesarios para poder seguir una línea de acción en aquél rol de control que corresponde al órgano deliberativo.
Como se recordará, en ocasión de la contratación de la mencionada AJS para el tendido de una red para dotar de telefonía e internet al área industrial, el actual secretario de Producción y precandidato a concejal Marcelo Cogno, fue relacionado con esa firma, hoy en jaque.
“Si no se produce el procedimiento de licitación pública”, dijo Chale “el Concejo, en lugar de organismo de control, se convierte en coejecutor de tareas que por ley le corresponden al Ejecutivo, único apto para contratar desde el municipio. Es por eso que queremos que, a través del informe del API sobre el contenido de su denuncia, podamos tener una idea clara del proceder de una empresa que ya ha tenido relación con obras públicas a nivel local.”
Foto: Damián Garnero / Otrodía.com
