Tras una presentación realizada por los concejales del FPCyS de Cañada de Gómez, respecto del llamado “Dictamen Mustafá”, que el Ejecutivo pretendía utilizar para sancionar el presupuesto sin aprobación del Concejo Municipal, este procedimiento fue rechazado por la Fiscalía de Estado.
Luego de las diferencias de criterios entre el Frente Para la Victoria y el Frente Progresista, los ediles de este último bloque solicitaron la intervención de la Secretaría de Municipios y Comunas de Santa Fe, quien a su vez trasladó la solicitud a la Fiscalía de Estado provincial, para que se expida respecto de la sanción del Presupuesto 2014 en Cañada de Gómez, tema que viene suscitando debates desde fines del año pasado.
Concretamente, la Fiscalía dictaminó que “por el veto total realizado por la Intendenta (Stella Clérici) sobre el presupuesto sancionado por el Concejo Municipal, a la fecha el Municipio no cuenta con un presupuesto aprobado para el corriente ejercicio debiendo regir el último que fuese legalmente sancionado”, conforme lo establece la Ley Nº 2.756.
La discusión surge luego de que la Intendenta Clérici vetara totalmente el presupuesto para 2014, aprobado por el Concejo con modificaciones en dos artículos. Luego de que el veto no pudiera ser rechazado al no obtener la mayoría calificada (dos tercios de los votos), el Ejecutivo invocó el Dictamen Mustafá, por el cual se pretendía dar por sancionado el proyecto original, es decir, sin la aprobación del Concejo.
El Presidente del Concejo, Matías Chale, expresó que “lo absurdo de este proceso de sanción de las ordenanzas, que se venía aplicando entre el Ejecutivo y la anterior presidencia del Concejo, es que la Intendenta se encontraba facultada para sancionar cualquier tipo de ordenanza sin necesidad de contar con los votos suficientes, y el órgano legislativo debía contar con una mayoría calificada para poder ejercer la principal facultad que tiene asignada”.
Según el texto de Fiscalía, que rechaza los argumentos del Dictamen Mustafá, “la fijación del presupuesto resulta atribución del Concejo Municipal”, aclarando que “bajo ninguna hipótesis se puede sostener lógicamente que a través del ejercicio legal de la facultar de observar (vetar), pueda el Departamento Ejecutivo arrogarse facultades que legalmente se encuentran en cabeza del Concejo, y sustituya la voluntad de dicho cuerpo deliberativo”.
“Con este dictamen de Fiscalía, hemos logramos recuperar para el Concejo Deliberante las funciones y competencias que se le habían quitado desde la Intendencia y la anterior presidencia. Esto va a resultar en una mejora cualitativa de la discusión política en el Concejo antes de sancionar una ordenanza, respetando las atribuciones democráticas de los poderes del Estado”, declaró el edil Fernando Mauroni.
“El Ejecutivo ejerció presiones para que avalemos con nuestra firma una ilegalidad evidente, confirmada por lo dictaminado por Fiscalía de Estado. Al mismo tiempo, dejó de prestar algunos servicios tratando de engañar a los cañadenses, con el pretexto de que no contaba con presupuesto. Actualmente, y por el veto de la propia Intendenta, el Municipio funciona con el presupuesto reconducido de 2013, y tiene la posibilidad de volver a presentar un proyecto para 2014. Pero este deberá ser acordado y aprobado en forma democrática por el Concejo, y nunca pretendiendo pisotear las atribuciones legales del poder legislativo”, concluyó Mauroni.
