“Lamentablemente, cada año debemos recordarle a la intendenta Clérici la existencia de esta normativa. Los funcionarios deberían ser los primeros en cumplir con la ley y rendir cuentas de sus patrimonios personales de cara a la sociedad. Pero en Cañada de Gómez somos testigos de un pésimo ejemplo de falta de transparencia a la hora de administrar los recursos públicos”, dijo Chale.
Desde enero de 2004 se encuentra vigente en Cañada de Gómez la ordenanza 4891, mediante la cual se obliga a los funcionarios municipales que ocupen cargos políticos a presentar cada año su declaración jurada patrimonial, incluso cuando los cargos sean desempeñados en forma transitoria.
“Los concejales que responden a Clérici siempre toman con disgusto y cierto nerviosismo este tipo de requerimientos, pero deben entender que este no es un pedido de la oposición, sino de toda la sociedad que reclama mayor transparencia y, sobre todo, que sus representantes sean los primeros en cumplir con las leyes vigentes”, agregó por último el edil del radicalismo.
