La iniciativa propone declarar la necesidad pública en materia alimentaria, social, sanitaria y de seguridad. Establece, además, abordar el tema del financiamiento y de las contrataciones como herramientas de gestión necesarias para impulsar políticas públicas.
Para lograrlo, propone la suspensión de las tarifas de electricidad y de agua por 180 días, la actualización de la tarjeta de ciudadanía, la implementación del boleto educativo gratuito y universal, y la creación de un fondo de asistencia para los municipios y las comunas de la provincia.
En números, el proyecto garantiza un crédito de 16 mil millones de pesos. Esto significaría un importante auxilio para impulsar los diferentes ejes sobre los que se asienta la necesidad pública.
Así, el texto prevé destinar 2.500 millones de pesos para abordar la emergencia alimentaria, e idéntica suma para las políticas sanitarias. Asimismo, dispone de 2 mil millones de pesos para trabajar cuestiones de seguridad (mil millones de pesos por encima de lo que hoy pide el Gobierno), y de un fondo para municipios y comunas que supera los 4.500 millones de pesos.
El dinero restante se utilizaría para la ejecución de obra pública y para la renegociación de contratos.
Sobre este punto, Giustiniani destacó que el proyecto del bloque Igualdad fue elaborado de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Administración Financiera, misma lógica bajo la cual fue construido el actual presupuesto y que no es tenida en cuenta por los dos proyectos de Necesidad Pública ya ingresados.
“La emergencia alimentaria y en seguridad están a la vista por lo tanto, es importante salir del debate insustancial de quién tiene la culpa y aprobar una ley que garantice las herramientas a los municipios y al gobierno provincial”, cerró el diputado.
