El defensor del Pueblo provincial, Raúl Lamberto, reiteró el pedido a la Administradora General de Vialidad Nacional y las autoridades del Corredor Panamericano II SA “para que tomen acciones ante el estado de la Ruta Nacional Nº 9 (Aurc)” en el citado sector, “fundamentalmente en el sentido descendente”.
La institución fundó el requerimiento, que ya había sido realizado en octubre pasado, en el hecho de que “se incrementaron en el último tiempo los reclamos vinculados con el mal estado de la traza”.
De hecho, en el último tiempo se dieron varios accidentes fatales en esa arteria. Uno de ellos se produjo en septiembre, cuando por motivos que se desconocen un hombre perdió el control de su vehículo y se despistó.
En los oficios enviados a las organismos nacionales, la Defensoría señaló que las denuncias recibidas “dan cuenta de la existencia de baches en todo el tramo referenciado, muchos de ellos de importante tamaño, falta de demarcación reglamentaria y en algunas partes demarcación superpuesta”, donde existen carteles con la leyenda de “demarcación insuficiente”, entendiéndose que dicha situación no se subsana con la señalización del problema.
Además, se advirtió por la ausencia de banquina y también malezas y pastos altos en los márgenes de la traza. Todos deterioros que llevan años sin solución pero que se vieron incrementados en los últimos tiempos por las condiciones meteorológicas, con abundantes lluvias.
La Defensoría del Pueblo santafesina consideró que esta situación “afecta la seguridad vial y potencia el riesgo de siniestros en virtud de tratarse de una ruta estratégica –une las dos ciudades más importantes del interior del país– con una gran circulación diaria de vehículos pesados y livianos”.
Y subrayó que “los usuarios viales que circulan por el tramo referido deben pagar peaje a la altura del kilómetro 340 y se encuentran con la realidad de que a los pocos kilómetros la traza se presenta en condiciones que dificultan la transitabilidad y aumentan los riesgos de accidentes”.
Limitar la velocidad
En este contexto, el defensor del Pueblo santafesino requirió a las autoridades del Corredor Panamericano II SA que, “hasta que se tomen las medidas necesarias de modo urgente tendientes a acondicionar la ruta, se proceda a instalar señalización vertical con limitación de velocidad a los fines de evitar accidentes viales causados por el estado de la traza”.
Esto, habida cuenta de que dentro de las obligaciones de la empresa “se encuentran la de administrar, reparar, mejorar, conservar, ampliar, remodelar y explotar 634,99 km” de esa autopista.
Por otra parte, le solicitó a Vialidad Nacional “tomar las medidas necesarias a los fines de ordenar la inmediata reparación del tramo señalado”, dado que entre “sus funciones está la de controlar el efectivo cumplimiento de las empresas concesionarias de las rutas nacionales”.
Fuente: El Ciudadano
