El Partido Socialista presentó un proyecto de reforma constitucional en el marco de una conferencia de prensa de la que participaron todos los diputados y diputadas que integran el bloque en la Cámara baja. La iniciativa recoge la propuesta realizada en 2018 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, a la vez que incluye nuevas cuestiones, y llega a la Legislatura como mandato expreso del congreso partidario realizado semanas atrás.
La diputada Clara García recordó que Santa Fe “es una de las dos provincias que no reformó su constitución desde que el país modificó la suya en el 94”, y aseguró que “en la Cámara de Diputadas y Diputados hay clima de reforma. Habiendo 6 proyectos de distintos colores políticos pensamos que vamos a llegar a una síntesis de las mejores propuestas de cada una esas iniciativas”, confió.
“Tenemos una constitución muy vieja, que fue votada en 1962 cuando ya no había democracia porque se había producido un golpe de Estado, y por 60 convencionales entre los que había una sola mujer; toda una pintura de época”, añadió García.
Por su parte, el diputado Joaquín Blanco remarcó “la coherencia del Partido Socialista desde el retorno de la democracia”, en cuanto a su vocación reformista. “Tenemos una provincia progresista con una constitución conservadora. En 2018, pese a la impronta reformista del gobernador Lifschitz, no se lograron los acuerdos necesarios; creemos que este es el momento porque hay una serie de condiciones que permiten avanzar con la reforma”, sostuvo, en coincidencia con García.
El presidente del bloque Socialistas argumentó que “la crisis económica, social, de seguridad y, sobre todo, política, que hace que los ciudadanos no se sientan representados por sus instituciones. Es en estos momentos en los que se requiere la mayor audacia para pensar lo nuevo y convocar a la ciudadanía a pensar la Santa Fe que viene”.
Blanco también resaltó que “no está el escollo de la reelección porque este es el primer gobierno desde el retorno de la democracia que no impulsa una reforma constitucional y nadie en el Partido Justicialista está planteando la reelección del gobernador (Omar) Perotti”.
A la vez, rescató el consenso que predomina en la Cámara baja acerca de la necesidad de la reforma: “No es casual que haya 6 proyectos; creemos que hay una generación de legisladoras y legisladores que quieren dejar una huella en la historia institucional de Santa Fe y a pesar de las diferencias, se respira un clima de diálogo y respeto que nos permite ser optimistas sobre la posibilidad de votar la ley de necesidad de la reforma y llegar a una asamblea constituyente y que el próximo gobernador o gobernadora puedan jurar con una nueva constitución”.
García confió en que “pese a la crisis que atravesamos, la ciudadanía entienda que pensar en el futuro no deja de forjar el presente” y mencionó algunos de los puntos del proyecto, como “terminar con los fueros parlamentarios, con el riesgo de que las empresas de servicios públicos puedan ser privatizadas, lo mismo que la Caja de Jubilaciones. Tenemos que otorgar rango constitucional a los derechos de las minorías, a la defensa del medioambiente, la paridad de género; a la autonomía municipal, al juicio por jurados, a un tribunal electoral independiente, a la extensión del período de sesiones. Todas estos cambios significan más y mejor democracia”, concluyó.
Encabezados por el presidente de la Cámara Baja, Pablo Farías, estuvieron presentes las diputadas Lionella Cattalini, Giselle Mahmud, Claudia Balagué, Érica Hynes, Lorena Uliendín, Rosana Bellatti y María Laura Corgniali; y los diputados José Garibay, Esteban Lenci, Pablo Pinotti y Nicolás Aimar, el diputado nacional Enrique Estévez, secretario general del partido a nivel provincial; y la concejala santafesina Laura Mondino, secretaria adjunta.
PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO
En el plano institucional:
• Jefe de Policía elegido por la Legislatura: cuando los ciudadanos y las ciudadanas emitan su voto decidirán, a través de sus representantes, qué tipo de política de seguridad quieren que se lleve a cabo.
• Eliminación de fueros parlamentarios: todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia serán iguales ante la ley y nadie podrá ampararse en fueros de ningún tipo frente a cualquier proceso judicial.
• Juicio por jurados: la inclusión de este procedimiento apunta a democratizar el Poder Judicial, haciéndolo más transparente a través de la participación a la ciudadanía.
• Colegio de la Magistratura con rango constitucional: el proceso para la selección de jueces será transparente, permitiendo la elección de jueces independientes y un mejor control de los otros poderes del Estado.
• Empresas de agua y energía en la órbita del Estado: el objetivo es que no puedan ser privatizadas ni vaciadas, como sucedió en los años 90 con el Banco Provincial de Santa Fe, y que acompañen al desarrollo de la provincia.
• Caja de Jubilaciones y Pensiones en manos de la provincia: también en este caso se busca impedir cualquier intento de privatización del organismo previsional o su traslado a la Nación.
• Acceso a la información pública: otorgar rango constitucional a este derecho permitirá conocer el destino de los recursos del Estado. Asimismo, los funcionarios públicos tendrán la obligación de presentar declaraciones juradas de sus patrimonios antes de asumir, mientras desempeñan funciones y cuando terminan.
• Ampliación del período de sesiones ordinarias: de acuerdo a la Constitución de 1962, se desarrolla entre mayo y noviembre; se propone extenderlo de marzo a diciembre.
• Introduccción del ballotage: esta figura permite que en elecciones parejas el sistema brinde una mayor legitimidad a quien finalmente es consagrado en las urnas.
• Instauración del sistema d’Hont en la Cámara de Diputadas y Diputados: permite el reparto proporcional de las bancas en lugar del sistema actual, que divide los 50 cargos en 28 para la mayoría y 22 para la primera minoría.
Modificaciones en materia electoral:
• Tribunal Electoral independiente: hoy depende de los poderes Ejecutivo y Judicial. Para que las cuestiones electorales sean más transparentes, se propone un tribunal que esté compuesto por jueces especialistas que sean electos mediante concurso.
• Paridad de género en todas las listas de candidatos y candidatas a cargos electivos.
• Autonomía de los municipios: consagrar esta figura en la Constitución permitirá que las ciudades puedan desplegar todo su potencial, definir el número de concejales, administrar más eficientemente sus recursos, posibilitar representantes por barrio o distrito, crear la policía municipal, etc.
• Mandatos comunales: los cargos electivos se extenderán de 2 a 4 años.
Nuevos derechos ciudadanos:
• Herramientas de participación ciudadana: se propone incluir figuras como la iniciativa y la consulta popular, la audiencia pública, entre otras.
• Ampliación de derechos: la preservación del medioambiente, las políticas en favor de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales y los derechos humanos tendrán jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado a su reconocimiento y al trabajo para generar mayores niveles de justicia social.
• Voto a los 16 años: los jóvenes podrán elegir concejales, intendentes o presidentes comunales, tal como ya votan presidente, parlamentarios del Mercosur, diputados y senadores nacionales.
