Para tener en cuenta: entre el 2004 y 2008 los delitos bajaron notablemente ya que fue cuando hubo empleos, políticas de inclusión y contención social. El estado representativo siempre recurrió al marketing facilista y simplista para justificar la falta de propuestas a un problema político complejo, el cual debe resolverse con políticas acordes a la grave situación que vivimos como sociedad con delitos urbanos mal llamados inseguridad. Con dicho término creemos que es otro tema, el que tiene que ver más con la pérdida de derechos básicos: trabajo, salud, educación, inclusión, violencia institucional, etcétera, con lo que sufrió la Argentina en tiempos de dictadura cívico-militar: sitiar calles, barrios, cámaras, justificar la cultura represiva como salida.
Como vemos que el problema continúa, los sectores que sufren aporofobia por parte de una sociedad de doble moral reaccionaria que juzga pobres, que son quienes más sufren estos delitos en un 80%, el 12% la clase acomodada que sigue incluida y el 8% restante los más poderosos.
Si estas cifras no se modifican con el tiempo puede haber poca diferencia porcentual de aquellas manipuladas por medios hegemónicos de comunicación que son quienes penetran culturalmente a esa mayoría que les hace creer culpables a la mayoría marginada. Ésta que entregó todos derechos para que se los cuiden y se los despilfarraron con políticas que rompieron su vida digna.
Vemos esta situación problemática; creo que se ha entrado en un espiral de ver; si miramos críticamente analizando delitos vemos que en su mayoría son asociaciones ilícitas generalmente con integrantes de las fuerzas de (in)seguridad. Obviamente que la política para justificarse revindica a este sector de triste y presente oscuro y no toma como referencia que en un porcentaje altísimo estos están procesados por delitos gravísimos haciendo que todo sea un recorrido que no para. Se ve también que aparecen fiscales cómplices sin medir lo que representan (su rol: La investigación de los delitos quedarán a su cargo y será quien promueva la acción penal contra los autores y partícipes de un suceso, que luego deberá ser probado en un juicio oral y público. El juez garantizará que se cumpla la ley durante el procedimiento penal).
Cuando hablemos de estos temas deberíamos reflexionar y pensar donde están las causas para cambiar las consecuencias, si los responsables de garantizar nuestra vida y transitar libremente sin miedos a delitos están en complicidad con los que generan violencia desde los peores de estos. Deberíamos reconsiderar que justamente la mayoría somos víctimas de estos personajes que usan el poder para delinquir y no los marginados que siguen sufriendo estas verdaderas políticas de inseguridad con horizontes sin futuro.
Ruben Eduardo Kelo Moreno