Publicado por: La Capital de Rosario
La Cámara Nacional Electoral ordenó ayer al Congreso que actualice la distribución de la cantidad de diputados nacionales de acuerdo al último censo realizado en 2010, al advertir que en la actualidad la composición del cuerpo se basa en un censo de 1980.
El tribunal integrado por los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera hizo lugar a la demanda de un votante cordobés que alegó que “por encontrarse desactualizada la cantidad de diputados que se eligen por distrito, el valor de su voto es inferior al de los ciudadanos de otras provincias”.
En tal sentido, la Cámara Nacional Electoral requirió al Congreso de la Nación que “extreme los recaudos para ejecutar el mandato constitucional” establecido en el artículo 45 de la Carta Magna nacional, que obliga a ajustar la representación ciudadana a los datos del censo, “pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada por cada diputado”.
“La circunstancia de que la base de representación por la cual se rige la actual composición de la Cámara de Diputados de la Nación continúe siendo aquella que se determinó con los datos poblacionales de un censo realizado hace 38 años, resulta claramente anacrónica”, plantearon Dalla Via y Corcuera en la sentencia.
El fallo no precisa qué cantidad de bancas tendría cada distrito, no fija plazos de cumplimiento, ni sugiere una metodología para resolver el rediseño de la composición de la Cámara baja.
Actualmente hay un solo proyecto que conserva estado parlamentario: el de la diputada Carla Carrizo (Evolución). Si se actualizara al nivel poblacional del censo del 2010, Santa Fe (que hoy tiene 9 diputados) por ejemplo incrementaría un diputado a su representación territorial, por lo que habría diez legisladores en representación de la provincia (ver aparte).
La sentencia aclara que “el número de integrantes de la Cámara de Diputados no necesariamente habría de variar en mucho, lo que denota lo innecesario de la modificación en la partida presupuestaria correspondiente para solventar el gasto que supondría la puesta en función de los eventuales nuevos cargos”.
En efecto, el tribunal resaltó que “no es ajeno a las dificultades económicas que circundan la realidad de nuestro país”, y en esa línea precisó que el cumplimiento del fallo “no debería redundar en una mayor erogación para el Estado nacional”.
Sin embargo, el acatamiento del fallo implicaría una ampliación de la cantidad de escaños, ya que ninguna provincia estaría dispuesta a sacrificar bancas para cederlas a otras jurisdicciones que en las últimas décadas crecieron más a nivel poblacional.
En ese sentido, más que una redistribución de la misma cantidad de bancas se impondría un criterio de ampliación que beneficiaría a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que fueron las que registraron mayor incremento demográfico.
Si ese fuera el desenlace, inevitablemente el Estado tendría que incurrir en mayores erogaciones para cubrir las dietas de los nuevos diputados.
El asunto ya había sido discutido con anterioridad en la Cámara baja, la última vez en 2016 en el marco del debate de la malograda reforma política, cuando incluso se encargó un estudio para determinar si el recinto estaba en condiciones de albergar una mayor cantidad de bancas.
“Hubo una primera exploración de alternativas y en ese marco se realizaron borradores técnicos sobre la capacidad del recinto”, recordaron fuentes de Presidencia de la Cámara de Diputados.
Ese mismo año la diputada radical Carla Carrizo, quien actualmente integra el bloque Evolución, presentó un proyecto para regular la representación parlamentaria en la Cámara baja según el cual habría que anexar 33 escaños adicionales, por lo que el recinto pasaría de 257 a 290 bancas.
El proyecto de Carrizo es el único que conserva estado parlamentario de todos los que se presentaron en el mismo sentido.
La actual composición de Diputados es de 257 miembros. Esta representación se hizo con el censo de 1980.
