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Con el objetivo de reforzar la seguridad en las principales ciudades del territorio provincial, el Gobierno de Santa Fe sumará en las próximas semanas 800 nuevos patrulleros policiales.

“Como se comprometió el gobernador Maximiliano Pullaro, estamos concentrados en fortalecer la seguridad en Santa Fe”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, para luego indicar que por un lado se está llevando adelante una licitación pública para la adquisición de 700 unidades a la que destina un presupuesto oficial es de $ 27.300 millones. Por otro, mediante contratación directa, se compraron 100 automóviles más. Cabe señalar que ambas iniciativas se enmarcan en la Ley N° 14.237 correspondiente al “Estado de Emergencia en Seguridad Pública en la Provincia de Santa Fe”.

Cabe destacar que las unidades se entregan con todo el equipamiento indispensable, lo que demanda una inversión especial de recursos y explica el valor final del vehículo. En términos proporcionales, el 50 % del precio del patrullero corresponde al modelo adquirido y el otro 50 % al equipamiento incorporado y la mano de obra necesaria para su instalación.

Licitación pública

La compra de unidades permitirá mejorar notablemente el parque automotor con que cuenta la fuerza de seguridad: “Al asumir en diciembre nos encontramos con un número muy bajo de patrulleros en condiciones, lo que obligó a llevar adelante una tarea de recuperación de unidades que se encontraban abandonadas para poder ir rearmando la flota. Con la compra de estas unidades comenzamos a optimizar el equipamiento de la Policía”, señaló el ministro.

La apertura de sobres de la Licitación Pública se realizará el jueves a las 10, en la sede de Gobierno de Rosario. Una vez celebrada la adjudicación, el plazo máximo de entrega de los 700 vehículos es de 90 días.
Sumados a esos 700 vehículos, Provincia adjudicó la compra de otros 100 patrulleros. En este caso, el procedimiento fue por compra directa, herramienta administrativa habilitada en la Ley de Emergencia en Seguridad.Para ejecutar la adquisición se invirtió un total de $ 3.580 millones.

Equipados, reforzados y con tecnología de punta

Los vehículos que Provincia incorporará cuentan con una serie de modificaciones vinculadas a la estructura y el equipamiento que son necesarias para que los autos puedan efectivamente ser utilizados como patrulleros, asegurando su fortaleza, durabilidad y equipamiento tecnológico.

En materia estructural, se refuerza y equipa la defensa delantera y trasera con acero para brindar mayor firmeza y seguridad ante impactos; se le colocan cabezales destellantes de LED en el frente y en los laterales para brindar máxima visibilidad; se refuerzan los faros delanteros y traseros. En cuanto al interior, se coloca un panel divisor entre las partes delantera y trasera con ventanilla antivandálica que brinda protección al personal policial y se modifica por completo el habitáculo trasero, reforzando su estructura y acondicionándolo para el traslado de detenidos. proporcionando aislación física total con la parte delantera revisitiéndolo con materiales completamente lavables y de alta resistencia. Además, se coloca un asiento de acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), polietileno de alta densidad, cinturones de seguridad traseros modificados, piso integrado al asiento, drenaje al exterior y alta resistencia a líquidos.

También cuenta con paneles lisos del mismo material que el resto del habitáculo imposibilitando el acceso a la manija de apertura de puerta y ventanilla.

En cuanto a tecnología y equipamiento, deben contar con sistema de comunicación TETRA y GPS; iluminación LED exterior en parrilla con 6 patrones de destello y estanco con protección UV; barra de señalización, balizas LED de señalización con cobertura de 360º; sirena y megáfono con potencia superior a 75 W y 120 dB, con comando de apagado y encendido, con control remoto, difusor de sonido y 6 patrones específicos; placa electrónica integrada en el barral; una unidad electrónica con tablero LED que controla los distintos tonos de sirena, las balizas y sus frecuencias, con funciones de emergencia para activar y desactivar todos los sistemas de luces y sonidos simultáneamente y para pedir paso en emergencias; protector automático de motor confeccionado con materiales especiales y soldadura de estaño que controla los sistemas de refrigeración y lubricación y se puede activar manualmente.

Como complemento, se instala un sistema de cableado especial. Deben ser entregados con el ploteo identificatorio en vinilo reflectivo de alta calidad; y, entre otras cosas, se incorpora un reflector portátil para uso externo.

La última reforma al Código Procesal Penal de Santa Fe, que aprobó la Legislatura provincial, entró en vigencia este miércoles. Su puesta en marcha le otorga más facultades a la Policía, fiscales y jueces. Entre los cambios se encuentran la cantidad de días que ahora podrá estar detenida una persona hasta la audiencia imputativa, modificaciones a la hora de hacer allanamientos –podrán realizarse sin autorización judicial, aunque luego deberá someterse el procedimiento a un control de legalidad ante un juez–, y nuevas restricciones para presos que son imputados por cometer delitos desde la cárcel.

Algunas de las grandes modificaciones
Entre las novedades que tiene la normativa que comenzó a aplicarse desde este miércoles está la cesación provisoria del estado antijurídico. Esto, en resumidas palabras, es que se le restituya inmediatamente el bien o terreno usurpado a la persona que denunció el delito, o que se le devuelva un elemento que se le había robado, como el caso de una moto.
Además, la nueva legislación establece que también “podrá ordenarse la inactivación física de inmuebles, cuando los mismos hubieran sido cogidos para la actividad ilícita o no fuera susceptible de otra utilización. El juez podrá delegar en el fiscal o en la autoridad administrativa la determinación del medio técnico de inactivación, pudiendo en su caso procederse a la demolición total, al desmontaje selectivo de materiales o al bloqueo físico de aberturas.”
También hubo cambios en las detenciones. Las personas aprehendidas por orden de un fiscal sobre la que se tiene elementos para llevar a audiencia imputativa –siempre que se trata de delitos reprimidos con pena privativa de la libertad y pudiera existir riesgo de fuga o entorpecimiento probatorio– podrán permanecer arrestadas por una duración máxima de 96 horas. En caso de ser fundado por el fiscal, dicha situación podrá extenderse por otras 96 horas más.

No obstante, cuando la tramitación de la causa sea compleja –por una gran cantidad de hechos o por un elevado el número de aprehendidos–, la detención podrá tener una duración máxima de 15 días que, si se llega a pedir una prórroga, podría alcanzar los 30 días hasta la celebración de la audiencia.
El texto también deja en claro que en todos los casos, dentro de las 24 horas desde que se produjo la aprehensión, el imputado deberá ser llevado ante un tribunal que deberá controlar la legalidad de la detención.

Otro punto importante de la reforma son las modificaciones en los allanamientos, que ahora podrán hacerse también sin autorización judicial, que deberá estar justificada por los siguientes puntos: incendio o situación que ponga en peligro a la vida o bienes de los habitantes; búsqueda de personas extrañas que hubieran sido vistas mientras se introducían al inmueble con indicios manifiestos de cometer un delito; persecución de un presunto autor de un delito que se escondió en un domicilio; indicios de que en el interior del lugar se comete un delito o desde allí se solicita socorro; existencia de objetos relacionados con la comisión de un delito; que se trate de una propiedad usurpada.
Además, se podrá allanar sin autorización judicial si un fiscal que investiga homicidios, amenazas y extorsiones dispone que sea revisado un lugar habitado, una casa de negocios o sus dependencias, o lugares comprendidos en un ámbito territorial determinado. También permite entrar en domicilios contiguos a la propiedad que se allana en caso de que surjan elementos que motiven esos operativos.

En cuanto a las personas que, estando presas, fueran imputadas por participar de un delito desde la cárcel, se podrá imponer modificaciones, restricciones o suspensiones temporales del régimen de visitas y de comunicaciones, prohibición de contacto con determinados reclusos alojados en el mismo complejo y modificar las condiciones de detención o de ejecución de la pena privativa de la libertad.

Extracto de publicación en Rosario 3