La iniciativa había pasado por las comisiones de Salud y la de Asuntos Constitucionales y ahora irá al Senado. Si sale, permitirá a quienes tengan una recomendación médica poder cosechar la planta, guardar las semillas y producir los aceites y otros derivados. Las asociaciones sin fines de lucro y al Estado también podrán hacerlo y el gobierno deberá mantener un registro de quienes cultivan, ofrecer asesoramiento, capacitar a profesionales de la salud y sostener un programa de producción estatal y testeos.
Quienes pueden hacerlo
De acuerdo con el proyecto de ley, toda persona en Santa Fe estará autorizada a cultivar y conservar cannabis y sus derivados si tramita una certificación con el gobierno provincial. Podrán pedirla quienes tengan alguna de las enfermedades previstas en la ley 13.602 –que había incorporado los medicamentos a base de cannabis al uso de la salud pública–, e incluía desde “síndromes, trastornos, enfermedades poco frecuentes, patologías como epilepsias, cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor, estrés postraumático y toda otra condición de salud, existente o futura, que la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Salud) de la presente ley considere conveniente”.
El abanico de posibilidades supera la ley nacional de cannabis medicinal, donde definieron que solamente lo pueden usar quienes tienen epilepsia refractaria. Y cómo no hay un aceite de cannabis de producción nacional debe ser importado. La restricción de enfermedades y de aceites llevó a quienes lo necesitan y quieren usar a cosechar y arriesgarse a tener problemas con el Poder Judicial porque va en contra de la actual ley de drogas. Algunas familias presentaron amparos para plantar en Rosario y la capital provincial sin que la Policía les toque la puerta y les arme una causa donde puede pasar entre 4 y 15 años de prisión.
Producción en la provincia
El proyecto que tuvo media sanción este jueves incluye la creación de un programa de producción de cannabis santafesino para uso terapéutico dentro del Ministerio de Salud. El gobierno deberá gestionar las autorizaciones a organismos de control para importar semillas y otros insumos para producir e investigar; hacer protocolos de investigación con hospitales públicos, universidades, la Anmat y Conicet; producir y distribuir fitopreparados a base de cannabis y otras formas farmacéuticas a través de los laboratorios públicos como el LIF.
El gobierno también tiene que mantener una consultoría para la producción, control de calidad y facilitar el testeo de los derivados, algo que desde 2016 hace la UNR y en el último año registraron tres veces la demanda de cuando empezaron a hacerlos.
Fuente: elciudadanoweb.com
Foto: iwannagrowshop.com
