La provincia admitió dificultades para pagar la cláusula gatillo 0 2015

En el próximo pago a los empleados públicos de la provincia debería incorporarse el 5,7 por ciento de la última medición del índice inflacionario realizada por el IPEC. “El pago de salarios está garantizado”, dijo el ministro Pablo Farías.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, aseguró que la administración tiene “dificultades económicas” para trasladar a los salarios de los empleados públicos de la provincia el índice inflacionario medido por el Ipec, que en septiembre arrojó un 5,7 por ciento.
“Lo planteamos en agosto cuando nos reunimos con entidades sindicales. Les dijimos las dificultades económicas que enfrentábamos en estos meses, que mes a mes íbamos a ir viendo la situación. Al día de hoy lo vemos con mucha dificultad”, declaró en diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2).
Farías afirmó que el índice del Ipec del 5,7 por ciento “es muy importante para incorporar al salario por la cláusula gatillo”. “Tenemos muchas dificultades económicas. Nación no cumplió con los 5.800 millones de pesos que nos debe en compensación por la caja. La verdad que lo que esperábamos en compensación por la baja del IVA y Ganancias es insignificante, y es mucho menos lo que nos va a tocar en este período”, enfatizó.
“No sabemos con certeza si vamos a poder aplicar ese índice a los salarios. Vamos a conversar con entidades sindicales, municipios y comunas, que están en una situación desesperante la mayoría”, añadió.
Más tarde, el propio Farías aseguró que los salarios de este mes se pagarán “normalmente” pero no pudo garantizar la cláusula gatillo a futuro. “Haremos todos los esfuerzos”, dijo de cara a los sueldos de noviembre y diciembre.
“Estamos haciendo todo lo posible para que no haya problemas pero hay una situación económica que nosotros venimos advirtiendo”, reforzó en el programa La primera de la tarde.
A raíz de las dudas que generaron sus declaraciones más temprano, aclaró: “El pago de salarios está garantizado”.

Publicado por: Rosario3

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Piden 9 años de cárcel para dos ex jefes policiales 0 210

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitan penas de nueve años de prisión para dos exjefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, en el marco de la causa conocida como “D4” (por el departamento Logística de la fuerza, del que dependen los patrulleros).

Los acusados son Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54. Hernández y Jiménez les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Los funcionarios del MPA pedirán también que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.

“La pena que solicitamos se fundamenta en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”, manifestaron los fiscales. “Además, es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no sólo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”, agregaron.

 

En cambio, “los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, añadieron.

Modus operandi

En la acusación presentada, Hernández y Jiménez brindaron detalles acerca de la modalidad delictiva. “Consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron. En tal sentido, detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.

En el caso de Odriozola, habría actuado de esa forma entre enero y agosto de 2015, causando al Estado un perjuicio económico que asciende a 1.058.664,20 pesos. Por su parte, Grau operó entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, con un perjuicio patrimonial al erario público de 958.385 pesos.

Condenados
Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez.

 

Fuente: MPA / Agenciafé

Reclamo de AMSAFE por el cronograma de pagos 0 299

La entidad gremial que agrupa a los docentes santafesinos señaló su disgusto por el cambio puesto en marcha por la actual administración, que modifica el cronograma que se venía manteniendo durante el gobierno socialista.
“Desde el sindicato vamos a reclamar a las autoridades x la urgente revisión del cronograma de cobro, que excede ampliamente lo señalado por la Ley en cuanto al pago de haberes dentro de los primeros cuatro días hábiles de cada mes.
Todas y todos sabemos y sufrimos las consecuencias de no pagar a tiempo alquileres, cuotas, impuestos y servicios. Más allá del receso administrativo provincial, reclamamos al Poder Ejecutivo la urgente modificación del cronograma anunciado y publicado.”

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