Proteger a los clubes de barrio y a las vecinales de estafas inmobiliarias es el principal objetivo de dos disposiciones emitidas por el Gobierno de la Provincia, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Registro de la Propiedad Inmueble, mediante las cuales se establece un trámite obligatorio para las instituciones intermedias que quieran vender alguna propiedad de la entidad. Esto se debe a que se detectaron maniobras de este tipo, que actualmente están siendo investigadas por la Justicia. Por tanto, a modo preventivo, desde el Gobierno provincial se toma esta decisión.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó: “A partir de ahora, las instituciones intermedias, como clubes de barrios, vecinales, asociaciones civiles y fundaciones, que quieran vender alguna propiedad de la institución, deben notificar a IGPJ el motivo por el cual se vende este inmueble, acompañar el acta donde la asamblea autoriza la venta de la propiedad y qué se va a realizar con el dinero que se adquiera de la venta. Buscamos proteger a la instituciones, evitar que ciertas personas vendan los inmuebles de las instituciones y se queden con el dinero”.
Maniobras irregulares
“En determinados procesos de regularización de algunas entidades se han detectado intentos de apropiarse de ciertas propiedades, de clubes por ejemplo”, señaló luego Figueroa Escauriza. En esta línea, indicó que “esto sucedía por casos como los de un club que permaneció muchos años cerrado y que, tiempo después, alguien aparecía regularizando la situación de la institución para luego intentar vender el inmueble sin control de nadie. Es decir, podían realizar operaciones de venta de esas propiedades sin que nadie sepa si se hacían o no y qué se hacía con ese dinero. En este momento, por ejemplo, hay una investigación penal en curso a partir de una denuncia radicada en el sur provincial por parte de una cooperativa; sin embargo, no es el único caso activo”.
Concluyendo la idea, el funcionario provincial aseguró que “con esta medida que impulsa el Estado de Santa Fe, vamos a generar una protección de las diferentes propiedades de las instituciones de nuestra provincia para que en caso de que se venda una propiedad se tenga que especificar para qué se va a utilizar ese dinero y en qué beneficio esa venta a la institución, a la cual se le está sacando parte de propiedad. Esa es la idea y hay diferentes tipos de denuncias presentadas en la fiscalía por estafa o intentos de estafa”.
