Aprobaron la figura del Fiscalizador Ciudadano. 0 317

Tras un año en estudio de comisión se aprobó el proyecto del bloque oficialista, que dispone su creación. La misma establece la participación ciudadana en el control de infracciones de transito con la coordinación de las autoridades municipales.

El texto de la ordenanza dice:
Artículo 1º: Créase la figura del “fiscalizador ciudadano” consistente en la participación voluntaria de cada ciudadano en el control de la seguridad vial urbana, con el alcance y limitaciones que se establecen en la presente ordenanza.

Artículo 2º: Podrá ser “Fiscalizador ciudadano” cualquier habitante mayor de edad con un año de residencia inmediata en la ciudad de Cañada de Gómez, y que voluntariamente constate y denuncie la existencia de violaciones a la normativa de tránsito vigente.-

Artículo 3º: El Fiscalizador ciudadano podrá detectar y denunciar irregularidades siempre que dicha constatación y denuncia no  viole derechos de terceros, en especial los derechos a la intimidad, a la integridad física y síquica, y al honor de las personas, respetando su accionar las buenas costumbres y las normas de convivencia urbana.

Artículo 4º: DE LOS MEDIOS DE CONSTATACION: El Fiscalizador ciudadano podrá utilizar todos los medios técnicos y/o tecnológicos lícitos para constatar las irregularidades o posibles violaciones del ordenamiento municipal de tránsito, entre otros, los siguientes_

4.1.- Fotografías y captación de imágenes estáticas por medio de aparatos electrónicos

4.2.- Filmaciones  y/o captación de imágenes dinámicas por medio de aparatos electrónicos

4.3.- otros medios

Asimismo, y en caso de no poder utilizar o no contar el Fiscalizador ciudadano con medios electrónicos de prueba, podrá acompañar su denuncia de irregularidad con dos testimonios sobre los hechos denunciados, los que se consideraran prueba suficiente solo para la iniciación del procedimiento municipal de faltas.

Artículo 5º: DEL PROCEDIMIENTO: El Fiscalizador ciudadano deberá  seguir el siguiente procedimiento para que su actuación pueda ser tenida en cuenta por la Municipalidad:

5.1.- Toda constatación de posible irregularidad deberá ser necesariamente denunciada por escrito y en los formularios que ponga a su disposición la Municipalidad

5.2.- La denuncia por escrito debe dirigirse al Director de Tránsito de la Municipalidad, mencionando y en su caso acompañando los medios de prueba o testimonios de las presuntas irregularidades.-

5.3.-  Una vez recibida la denuncia, el Director de Tránsito, o la persona que designe el DEM, emitirá opinión fundada sobre la veracidad de la denuncia, y en caso de inconsistencias de la misma o falta de fundamentos o de pruebas, podrá solicitar al Fiscalizador ciudadano el completamiento de la misma u ordenar su archivo.

5.4.- En caso de el Director de Tránsito o la persona designada por el DEM, consideren prima-facie verosímil la denuncia, la remitirán para su tratamiento ante el Juzgado Municipal de Faltas para su juzgamiento

5.5.- El Juez de Faltas que tenga el conocimiento de la denuncia, deberá tomar las pruebas mencionadas en el inciso 4 como semi-plena prueba de los hechos denunciados si los medios y procedimientos utilizados se ajustan al uso correcto de los mismos, si no violaren derechos de terceros y se respetó el orden legal vigente.

5.6.- CITACION DEL FISCALIZADOR CIUDADANO. En caso de que los elementos de prueba arrimados por el fiscalizador ciudadano no generen convencimiento en el juzgador municipal, se podrá citar a careo entre el Fiscalizador ciudadano y el presunto infractor.

Noticia AnteriorNoticia Siguiente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Piden informes sobre docentes no convocados de escuelas municipales 0 521

El concejal Matías Chale, a través de una minuta de comunicación, pide se informen los motivos por los que varios docentes que desde hace año están a cargo de talleres municipales, no fueron convocados para el inicio de las actividades en el presente año.
En el considerando de la minuta, Chale hace notar que se trata de docentes que al inicio de la pandemia, el año anterior, reclamaron públicamente por el recorte en sus sueldos, medida que luego el Ejecutivo no puso en práctica.

“Es incomprensible que el gobierno provincial no invierta los recursos que envió Nación para seguridad” 0 454

Las diputadas Clara García y Lionella Cattalini (Socialistas-FPCyS), el diputado Juan Cruz Cándido (UCR-FPCyS), junto a integrantes de sus respectivos bloques, pidieron al gobierno de Omar Perotti que informe por qué “no se ha hecho uso alguno, ni hay proceso licitatorio en marcha” para disponer de los 3.000 millones de pesos previstos en el convenio de inversión en seguridad anunciados por el Presidente en el mes de septiembre y formalizado en convenio del 16 de octubre de 2020. “Es una situación sumamente grave dada la escalada de violencia e inseguridad que vive la provincia, sobre todo en sus principales núcleos urbanos”, afirman, a la vez que advierten sobre “la posibilidad de que dichos fondos se pierdan por el transcurso del plazo de 120 días” dispuesto en el instrumento mencionado.

“Durante todo el año pasado cuestionamos la decisión del gobierno provincial de mantener recursos inmovilizados en depósitos a plazo fijo en lugar de asistir a tantos sectores afectados por la pandemia. Pero cuando hablamos del tema seguridad es más incomprensible aún que en medio de una crisis que la propia ciudadanía se encarga de denunciar, el Ejecutivo no destine todos sus esfuerzos a convertir los recursos disponibles en herramientas concretas”, indicaron los autores del proyecto.

“No se conocen iniciativas concretas de modernización, incorporación de equipamientos y tecnologías o nuevas instalaciones. En cambio, hay subejecución de las partidas presupuestarias votadas por la Legislatura provincial y ningún uso del aporte del Gobierno nacional en materia de seguridad con el riesgo, en este caso, de perderlo”, agregaron.

En los fundamentos de la presentación, recordaron que el 29 de setiembre de 2020, en visita oficial a Rosario, el presidente Alberto Fernández expresó su especial preocupación por la seguridad al anunciar que destinaría fondos a inversiones para la seguridad en Santa Fe. “Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario, porque acá hay un foco al que debemos ir directamente y ayudar con recursos a las fuerzas para que puedan actuar de manera adecuada”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Según el convenio que se rubricó a mediados de octubre, los recursos debían ser destinados al “establecimiento y equipamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales” así como a “la adquisición de celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, nombres de punto de acceso (APN) privada y manejo de dispositivos móviles (MDM), hardware, software y mobiliario, licencias, mantenimiento y personal de soporte para administración de servicio técnico, dispositivos de rastreo a través de GPS /AVL para el seguimiento de vehículos, cámaras internas de videovigilancia para vehículos, drones y establecimiento de cableado y vehículos centro y de apoyo para drones”.

El aporte nacional llegó a las arcas provinciales antes del 23 de diciembre (primer decreto que asigna partida presupuestaria), pero un mes después los saldos no habían sido invertidos, por lo que el gobernador Perotti debió firmar un nuevo Decreto para reincorporar los 3.000 millones al Presupuesto 2021 de seguridad.

Al respecto, también mencionaron declaraciones del ministro de Economía, Walter Agosto, quien el pasado 31 de enero afirmó: “Los 3.000 millones de pesos son para un mega proyecto que se ejecutará fundamentalmente en Santa Fe y Rosario y que ya está en la etapa final de elaboración de pliegos en el Ministerio de Seguridad y con próximo al llamado a licitación”.

“Pasaron 40 días de esas declaraciones y el llamado a licitación no se ha producido. Desde los primeros anuncios a hoy pasaron casi 6 meses sin que en la provincia de Santa Fe se invirtiera un solo peso de estos 3.000 millones. Entonces, mientras el presidente Fernández aseguró en su discurso del 1° de marzo ante el Congreso de la Nación haber invertido ese monto para trabajar conjuntamente con Santa Fe en la prevención y reducción del delito, la realidad indica que los fondos siguen depositados en las cuentas bancarias de la provincia”, señalaron.

“La gravedad de esta inacción –explicaron desde la Legislatura- es que estamos ante el riesgo que se declare la nulidad del subsidio, tal como está dispuesto por el propio convenio, ante el incumplimiento del plazo de 120 días para utilizarlos y demás obligaciones que asumió la provincia al firmarlo”.

En los fundamentos advierten que “la situación no es nueva. El Ministerio de Seguridad, área que esta gestión provincial menciona constantemente como prioritaria, informó una gran subejecución presupuestaria en 2020”. Al respecto, indicaron que en los primeros 9 meses del año pasado sólo ejecutó el 6% de los recursos propios para bienes de capital, tales como edificios, infraestructura y equipamiento.

En relación a 2021, no sólo no hay ningún proceso licitatorio para la utilización de los 3.000 millones de pesos del convenio con Nación, sino que el sitio oficial muestra sólo tres licitaciones públicas iniciadas y cuatro sin abrir aún, imputadas al presupuesto propio, una de ellas interrumpida recientemente por la justicia (compra de armamento) por beneficiar presuntamente a un único oferente. Entre las otras, hay licitaciones por gastos normales de gestión, como barbijos bordados, papelería para actas de infracción, algunos minibuses y camiones, vestimenta para el combate de incendios forestales y boquillas para alcoholímetros, todas sin mayor impacto presupuestario.

Most Popular Topics

Editor Picks