Betique realizó un pedido de informes por controles médicos a escolares 0 248

El Senado aprobó el requerimiento a Salud y Educación de aspectos sobre la reglamentación por parte del Ejecutivo de las leyes que establecen la obligatoriedad del examen médico visual y auditivo a los niños que concurren a escuelas de nivel inicial y EGB

En la Sesión del pasado Jueves 15 de Setiembre, la Cámara de Senadores de la Provincia dio aprobación a un Pedido de Informes presentado por el Senador Norberto Betique en el que requiere a los Ministerios de Salud y de Educación aspectos referidos a la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley Provincial N° 12.226 del año 2004 y que establece la obligatoriedad del exámen médico visual y auditivo que debe realizarse a los niños que concurren a establecimientos educativos de nivel inicial y E.G.B.

Puntualmente el Proyecto aprobado por la Cámara alta  solicita se informe no solo sobre la reglamentación en sí de la citada Ley, sino sobre la implementación de las medidas adoptadas y controles efectuados por el Poder Ejecutivo desde su sanción hasta la fecha, para la aplicación de las disposiciones contenidas en dicha Ley.
 
En los fundamentos del Pedido de Informes el Senador del Departamento Iriondo expresa que ya en el año 2008 y ante la no reglamentación de la referida Ley, a través de un Proyecto de Comunicación aprobado por el Cuerpo se solicitaba la urgente reglamentación de la misma, pero más aún la puesta en práctica de sus disposiciones.

Finalmente, Betique manifestó que resulta muy necesario contar con un cuadro de situación con registros en todo el ámbito de aplicación de la citada norma, en el sentido de prevenir este tipo de enfermedades en la población escolar no solo del Departamento Iriondo, sino de toda la Provincia, a efectos de reflejar la realidad de esta problemática.

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Piden informes sobre docentes no convocados de escuelas municipales 0 521

El concejal Matías Chale, a través de una minuta de comunicación, pide se informen los motivos por los que varios docentes que desde hace año están a cargo de talleres municipales, no fueron convocados para el inicio de las actividades en el presente año.
En el considerando de la minuta, Chale hace notar que se trata de docentes que al inicio de la pandemia, el año anterior, reclamaron públicamente por el recorte en sus sueldos, medida que luego el Ejecutivo no puso en práctica.

“Es incomprensible que el gobierno provincial no invierta los recursos que envió Nación para seguridad” 0 454

Las diputadas Clara García y Lionella Cattalini (Socialistas-FPCyS), el diputado Juan Cruz Cándido (UCR-FPCyS), junto a integrantes de sus respectivos bloques, pidieron al gobierno de Omar Perotti que informe por qué “no se ha hecho uso alguno, ni hay proceso licitatorio en marcha” para disponer de los 3.000 millones de pesos previstos en el convenio de inversión en seguridad anunciados por el Presidente en el mes de septiembre y formalizado en convenio del 16 de octubre de 2020. “Es una situación sumamente grave dada la escalada de violencia e inseguridad que vive la provincia, sobre todo en sus principales núcleos urbanos”, afirman, a la vez que advierten sobre “la posibilidad de que dichos fondos se pierdan por el transcurso del plazo de 120 días” dispuesto en el instrumento mencionado.

“Durante todo el año pasado cuestionamos la decisión del gobierno provincial de mantener recursos inmovilizados en depósitos a plazo fijo en lugar de asistir a tantos sectores afectados por la pandemia. Pero cuando hablamos del tema seguridad es más incomprensible aún que en medio de una crisis que la propia ciudadanía se encarga de denunciar, el Ejecutivo no destine todos sus esfuerzos a convertir los recursos disponibles en herramientas concretas”, indicaron los autores del proyecto.

“No se conocen iniciativas concretas de modernización, incorporación de equipamientos y tecnologías o nuevas instalaciones. En cambio, hay subejecución de las partidas presupuestarias votadas por la Legislatura provincial y ningún uso del aporte del Gobierno nacional en materia de seguridad con el riesgo, en este caso, de perderlo”, agregaron.

En los fundamentos de la presentación, recordaron que el 29 de setiembre de 2020, en visita oficial a Rosario, el presidente Alberto Fernández expresó su especial preocupación por la seguridad al anunciar que destinaría fondos a inversiones para la seguridad en Santa Fe. “Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario, porque acá hay un foco al que debemos ir directamente y ayudar con recursos a las fuerzas para que puedan actuar de manera adecuada”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Según el convenio que se rubricó a mediados de octubre, los recursos debían ser destinados al “establecimiento y equipamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales” así como a “la adquisición de celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, nombres de punto de acceso (APN) privada y manejo de dispositivos móviles (MDM), hardware, software y mobiliario, licencias, mantenimiento y personal de soporte para administración de servicio técnico, dispositivos de rastreo a través de GPS /AVL para el seguimiento de vehículos, cámaras internas de videovigilancia para vehículos, drones y establecimiento de cableado y vehículos centro y de apoyo para drones”.

El aporte nacional llegó a las arcas provinciales antes del 23 de diciembre (primer decreto que asigna partida presupuestaria), pero un mes después los saldos no habían sido invertidos, por lo que el gobernador Perotti debió firmar un nuevo Decreto para reincorporar los 3.000 millones al Presupuesto 2021 de seguridad.

Al respecto, también mencionaron declaraciones del ministro de Economía, Walter Agosto, quien el pasado 31 de enero afirmó: “Los 3.000 millones de pesos son para un mega proyecto que se ejecutará fundamentalmente en Santa Fe y Rosario y que ya está en la etapa final de elaboración de pliegos en el Ministerio de Seguridad y con próximo al llamado a licitación”.

“Pasaron 40 días de esas declaraciones y el llamado a licitación no se ha producido. Desde los primeros anuncios a hoy pasaron casi 6 meses sin que en la provincia de Santa Fe se invirtiera un solo peso de estos 3.000 millones. Entonces, mientras el presidente Fernández aseguró en su discurso del 1° de marzo ante el Congreso de la Nación haber invertido ese monto para trabajar conjuntamente con Santa Fe en la prevención y reducción del delito, la realidad indica que los fondos siguen depositados en las cuentas bancarias de la provincia”, señalaron.

“La gravedad de esta inacción –explicaron desde la Legislatura- es que estamos ante el riesgo que se declare la nulidad del subsidio, tal como está dispuesto por el propio convenio, ante el incumplimiento del plazo de 120 días para utilizarlos y demás obligaciones que asumió la provincia al firmarlo”.

En los fundamentos advierten que “la situación no es nueva. El Ministerio de Seguridad, área que esta gestión provincial menciona constantemente como prioritaria, informó una gran subejecución presupuestaria en 2020”. Al respecto, indicaron que en los primeros 9 meses del año pasado sólo ejecutó el 6% de los recursos propios para bienes de capital, tales como edificios, infraestructura y equipamiento.

En relación a 2021, no sólo no hay ningún proceso licitatorio para la utilización de los 3.000 millones de pesos del convenio con Nación, sino que el sitio oficial muestra sólo tres licitaciones públicas iniciadas y cuatro sin abrir aún, imputadas al presupuesto propio, una de ellas interrumpida recientemente por la justicia (compra de armamento) por beneficiar presuntamente a un único oferente. Entre las otras, hay licitaciones por gastos normales de gestión, como barbijos bordados, papelería para actas de infracción, algunos minibuses y camiones, vestimenta para el combate de incendios forestales y boquillas para alcoholímetros, todas sin mayor impacto presupuestario.

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