Fitosanitarios: Legisladores evaluaron los avances sobre la nueva ley 0 312

Lo hicieron los representantes de ambas Cámaras que estudian el tema, a tres meses de conformar la mesa de trabajo, en la que recibieron a representantes de cámaras, universidades y colegios profesionales. Los ministros provinciales convocados no participaron de las rondas de diálogo.

A tres meses de su constitución, la mesa de trabajo conformada por las presidencias y vicepresidencias de las comisiones de Conservación del Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado y de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, evaluó los avances hacia una nueva ley de agroquímicos para Santa Fe.

Las autoridades de ambas comisiones, Hugo Rasetto y Osvaldo Sosa por el Senado y Erica Hynes y Carlos Del Frade por diputados, llevaron adelante un total de cinco rondas de diálogo bajo la modalidad virtual, de las que participaron representantes del INTA Oliveros, donde funciona la Plataforma de Innovación Territorial (PIT), un ámbito de articulación y coordinación entre diferentes actores del sistema agroalimentario y agroindustrial, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe en sus cinco circunscripciones, el Senasa, que tiene una dirección especial encargada de la elaboración, seguimiento, aplicación y supervisión de las normas que hacen a la producción, comercialización y uso de productos agroquímicos y biológicos utilizados para la producción y comercialización agrícola y en el control de plagas.
A su vez, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y la Asociación Civil CREA también enviaron representantes locales a las rondas de diálogo donde expusieron sus conocimientos y prácticas en el tema.

Los legisladores escucharon también a investigadoras del Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), de doble dependencia UNL CONICET, del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), que pertenece a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y a docentes-investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias también de la UNL que presentaron el desarrollo ALGEFIT (Algoritmo de Gestión de Fitosanitarios), un software que ayuda a ordenar la gestión del uso de plaguicidas.

La mesa de trabajo había acordado priorizar el diálogo con el ejecutivo provincial, identificar puntos de acuerdo y avanzar en los consensos para una nueva ley, pero las autoridades que fueron convocadas en julio no participaron de las reuniones ni propusieron otros modos de encuentro.

“Lo más importante a destacar del trabajo que llevamos adelante entre senadores y diputados es la participación de todas las organizaciones que tienen que ver con alguno de lo valores en juego acá, que son la salud, el medio ambiente y la aplicación de fitosanitarios en la producción agropecuaria de la provincia de Santa Fe. Por eso lo primero es agradecer a las asociaciones, agrupaciones y organizaciones que están participando”, indicó el senador Rasetto.
“Con su esfuerzo vamos construyendo la ley entre todos, es una construcción de abajo hacia arriba en la que vienen participando todos los actores, y eso es muy importante porque si logamos la sanción definitiva son ellos los protagonistas que van a legitimarla en la sociedad”, agregó.

En el mismo sentido se pronunció el senador Sosa quien también destacó la participación y el compromiso de los actores convocados. “Realizaron aportes muy valiosos que están vinculados con los puntos relevantes en torno a la temática en cuestión, cómo el medioambiente, la salud y la producción. Seguiremos caminando en este sentido, convocando semanalmente a actores sociales e instituciones con recorrido en el tema, identificando puntos de acuerdo y así avanzar en los consensos para una nueva Ley de Fitosanitarios en la provincia de Santa Fe”, indicó.

Una hoja de ruta hacia la ley

La legisladora socialista Erica Hynes, al frente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, contó que en julio tuvieron los primeros acercamientos con el senado para tener una hoja de ruta hacia una nueva ley y desde entonces han realizado un trabajo intenso, que no paró durante la campaña.
“Nuestra intención es trabajar de manera responsable como legisladores para escuchar a las personas que son actores y actoras relevantes, tanto porque estudian la salud de las personas, los ecosistemas, la aplicación de moléculas agroquímicas para combatir las plagas, porque cultivan y hacen uso de estos químicos o porque, como en el caso del Senasa, tienen la responsabilidad de autorizarlos y clasificarlos”, indicó. “También pusimos mucho énfasis en los espacios donde se producen diálogos sobre este tema, como la Plataforma de Innovación Territorial del INTA Oliveros, o la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, que desarrolló un algoritmo para gestionar la aplicación de agroquímicos en las localidades”.
La diputada destacó que falta todavía convocar a otras organizaciones, colectivos socioambientales y agrupaciones de profesionales como médicos y abogados especialistas. “Pero lo que más nos preocupa es que hasta ahora el poder ejecutivo estuvo ausente de estas conversaciones y no porque no lo hayamos invitado. Pedimos audiencias con el Ministerio de Salud, el de Ambiente y Cambio Climático y de Producción, Ciencia y Tecnología y no tuvimos respuesta”.
Hynes dijo que no están cerrados a un único modo de trabajo, sino que buscan abrir el diálogo, en especial, porque muchos de los protagonistas de esta problemática manifestaron que no es una cuestión de normativa como de control. “Necesitamos tener diálogo con el Poder Ejecutivo para ver cuáles son las políticas que están implementando y cómo planean dar respuesta a esta creciente demanda de conocimiento y participación ciudadana”, agregó.

“Reivindico el trabajo que se está haciendo en la mesa de trabajo del Senado y Diputados sobre la necesidad de una nueva ley de agrotóxicos que trate de impedir la democratización del veneno que afecta la salud humana y la salud de esta cápsula espacial cada vez más castigada que es el planeta tierra”, dijo por su parte el diputado Del Frade. “Vamos a seguir impulsando la necesidad de un modelo de desarrollo de adentro hacia afuera y no el impuesto por las multinacionales, y para que no se inmole el destino de la biodiversidad en el altar de la productividad y el dios dinero”, agregó.
El legislador dijo también que iba a seguir trabajando en forma conjunta más allá de las diferencias. “Seguimos con la idea de lograr consensos en algo tan difícil y tan vinculado al modelo extractivista que hoy se impone no solamente en la Argentina sino en distintos lugares del mundo. Para nosotros es un gusto participar, mostrar las diferencias y aprender muchísimo. Agradezco a las legisladoras y legisladores que llevan adelante todo esto en pos de una sociedad mejor y ojalá que hagamos lo posible para no ponerle plazo fijo al planeta tierra”, indicó.

Las reuniones fueron virtuales y abiertas a los legisladores de las comisiones de ambas cámaras, invitación que también se hizo extensiva al resto de los representantes provinciales con interés en la cuestión.
Mediante este trabajo los legisladores esperan acceder a lo más novedoso del conocimiento, y las opiniones de los distintos actores relevantes en esta temática, para después avanzar en puntos de acuerdo para un texto de ley.

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Licencias de conducir: prórroga para las que vencen en 2021 0 190

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En la resolución que emitió la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se establece que la nueva prórroga alcanza a los carnets que tienen fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. En estos casos, la extensión es por 12 meses desde la fecha en la que deberían perder la vigencia.
Actualmente se encuentra vigente otra prórroga de vencimientos para quienes tenían que renovar el registro entre el 1 de mayo y el 31 de julio del 2020, y en este caso se les extiende la vigencia por 18 meses.

Diputados aprobó el proyecto de ley de Educación Provincial 0 201

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de Ley de Educación Provincial, que rige sobre la educación pública en sus distintos niveles y modalidades y puede ser gestionada por el Estado provincial o por entidades privadas, cooperativas u organizaciones sociales, para garantizar “el derecho humano a una educación integral, permanente y de calidad”. A tal fin, establece que el gobierno debe comprometer un presupuesto no inferior al monto inicial aprobado en el ejercicio anterior.

Es la segunda vez que la norma logra acuerdo en la Cámara baja y de aprobarse en el Senado, Santa Fe tendría por fin una nueva ley de educación, ya que la última norma sancionada en esa materia es de 1949.

La iniciativa aprobada -que reúne 232 artículos- fue consensuada en la Comisión de Educación, unificando las propuestas ingresadas por Balagué (acompañada por el bloque Socialistas, sobre la base del proyecto enviado por Lifschitz y aprobado por unanimidad); por Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio), Ricardo Olivera (Justicialista), y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).

Entre las novedades que introduce el proyecto, se destacan la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años, la promoción de la jornada ampliada en las escuelas primarias, las prácticas educativas de los estudiantes secundarios en organizaciones sociales, culturales y productivas y la gestión cooperativa y social, con formas organizativas orientadas a sectores de la población en situación de vulnerabilidad social.

La ley suma como modalidades la educación en entornos virtuales, en procesos educativos que articulan presencialidad y virtualidad; la educación física y la educación rural y de islas, además de asegurar trayectorias abiertas y flexibles para estudiantes con discapacidad, priorizando la asistencia a la institución del nivel correspondiente y no exclusivamente a escuelas especiales. También establece el compromiso de jerarquizar en todas las áreas los conocimientos y prácticas de las culturas originarias para la construcción de ciudadanías interculturales.

Además, con esta ley el Estado provincial debe asumir el compromiso de la innovación permanente en la dinámica y los contenidos escolares, la enseñanza de los derechos humanos para reafirmar el compromiso con la defensa y promoción de derechos y libertades, la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que vulneraron los derechos humanos; en particular, la enseñanza y reflexión sobre la causa permanente e irrenunciable de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, a través de la articulación con los Veteranos de Guerra.

Explícitamente, incorpora como obligatorios la educación para la ciudadanía, la convivencia y la participación democrática; seguridad vial, educación ambiental, educación alimentaria, educación para el autocuidado, la salud, la calidad de vida, el acceso y uso de las tecnologías digitales, la vinculación con el mundo del trabajo, la enseñanza de la cultura y las lenguas, en particular, aquellas vinculadas a los pueblos originarios, las colectividades de inmigrantes y la integración latinoamericana.

Esta ley provincial es la primera en incluir la Educación Sexual Integral (ESI) laica, con perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidades sexuales en los establecimientos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y social, atendiendo a su realidad sociocultural y a sus necesidades, de acuerdo con la Ley Nacional N°26.150, que este octubre cumplió 15 años.

 

Foto: El Litoral

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