Lifschitz pide crear una comisión que investigue los hechos que involucran a dos fiscales 0 501

El presidente de la Cámara de Diputados impulsará la creación de una comisión investigadora de los hechos que involucran a dos fiscales del MPA, Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, en la presunta extorsión y cobro de coimas a una persona vinculada al juego clandestino.

“Desde el Frente Progresista queremos apoyar y acompañar la tarea que está llevando adelante el MPA y a los fiscales que pusieron en marcha este proceso y que son un orgullo para los santafesinos por la valentía y el coraje con que llevan estas y otras causas vinculadas a los delitos más resonantes ocurridos en los últimos años”, sostuvo Lifschitz al anunciar la propuesta.
Al mismo tiempo, instó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas “a que convoque a la brevedad, tal como lo solicitó la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, una sesión conjunta de ambas cámaras para tratar la moción de suspensión por 180 del fiscal Ponce Asahad”, aprobada el día lunes.
El titular de Diputados propondrá la creación de una comisión investigadora como la conformada para el caso Vicentín, “en esta oportunidad, para que se investigue a fondo y de manera exhaustiva todos los elementos que existen en la causa iniciada por el MPA, agregar otros y colaborar con los fiscales”.

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Díaz Patrón participó en trabajos del programa Pintando Escuelas 0 792

El concejal Diego Díaz Patrón estuvo este sábado junto a militantes del movimiento Evita de Cañada de Gómez en la Escuela N°1249 Gral. Martín Miguel de Güemes, acondicionando aulas de dicha institución.
Este programa se generó mediante un convenio entre Nación y el gobierno provincial, con el objetivo de unificar la solidaridad, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y la educación de los alumnos.
“Son experiencias enriquecedoras que contribuyen a mejorar las aulas de nuestros alumnos, con trabajo y participación popular”, destacó el concejal.

La ley de abastecimiento de cannabis terapéutico ya tiene media sanción 0 901

La iniciativa había pasado por las comisiones de Salud y la de Asuntos Constitucionales y ahora irá al Senado. Si sale, permitirá a quienes tengan una recomendación médica poder cosechar la planta, guardar las semillas y producir los aceites y otros derivados. Las asociaciones sin fines de lucro y al Estado también podrán hacerlo y el gobierno deberá mantener un registro de quienes cultivan, ofrecer asesoramiento, capacitar a profesionales de la salud y sostener un programa de producción estatal y testeos.

Quienes pueden hacerlo
De acuerdo con el proyecto de ley, toda persona en Santa Fe estará autorizada a cultivar y conservar cannabis y sus derivados si tramita una certificación con el gobierno provincial. Podrán pedirla quienes tengan alguna de las enfermedades previstas en la ley 13.602 –que había incorporado los medicamentos a base de cannabis al uso de la salud pública–, e incluía desde “síndromes, trastornos, enfermedades poco frecuentes, patologías como epilepsias, cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, tratamiento del dolor, estrés postraumático y toda otra condición de salud, existente o futura, que la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Salud) de la presente ley considere conveniente”.

El abanico de posibilidades supera la ley nacional de cannabis medicinal, donde definieron que solamente lo pueden usar quienes tienen epilepsia refractaria. Y cómo no hay un aceite de cannabis de producción nacional debe ser importado. La restricción de enfermedades y de aceites llevó a quienes lo necesitan y quieren usar a cosechar y arriesgarse a tener problemas con el Poder Judicial porque va en contra de la actual ley de drogas. Algunas familias presentaron amparos para plantar en Rosario y la capital provincial sin que la Policía les toque la puerta y les arme una causa donde puede pasar entre 4 y 15 años de prisión.

Producción en la provincia
El proyecto que tuvo media sanción este jueves incluye la creación de un programa de producción de cannabis santafesino para uso terapéutico dentro del Ministerio de Salud. El gobierno deberá gestionar las autorizaciones a organismos de control para importar semillas y otros insumos para producir e investigar; hacer protocolos de investigación con hospitales públicos, universidades, la Anmat y Conicet; producir y distribuir fitopreparados a base de cannabis y otras formas farmacéuticas a través de los laboratorios públicos como el LIF.

El gobierno también tiene que mantener una consultoría para la producción, control de calidad y facilitar el testeo de los derivados, algo que desde 2016 hace la UNR y en el último año registraron tres veces la demanda de cuando empezaron a hacerlos.

Fuente: elciudadanoweb.com
Foto: iwannagrowshop.com

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