Santa Fe adhiere a la ley nacional de emergencia alimentaria 0 3420

La Provincia adhirió a la ley nacional de emergencia alimentaria y social aprobada por el Senado de la Nación el 18 de septiembre, a través de un decreto firmado por el gobernador Miguel Lischitz, quien además denunció los recortes por parte de Nación de fondos claves para políticas de salud, educación y desarrollo social.

En el boletín se encomienda a los ministros de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía, y Gobierno y Reforma del Estado a realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias para incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina.
Además, una comisión coordinada por el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, e integrada por representantes por dichos ministerios, tendrá a su cargo el seguimiento y control de esas acciones.
El ministro, en su calidad de coordinador de esta comisión, deberá convocar a las organizaciones o entidades de la sociedad civil que estime adecuadas a efectos de integrarla y colaborar con su misión de seguimiento y control.
Por otra parte, los distintos ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social Provincial deberán reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la actual situación económica y social.

Reclamo a Nación
En el decreto, Lifschitz denunció los recortes por parte de Nación de fondos claves para políticas de salud, educación y desarrollo social, y los esfuerzos llevados a cabo por la provincia en materia de contención social.
En el escrito advierte que “durante el 2018 el Gobierno Nacional cercenó drásticamente los fondos enviados a las provincias destinados a apoyar el gasto social en las jurisdicciones de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública”. Por eso, sostiene que “frente a tal situación, y en aras de amortiguar el inevitable impacto de la crisis, se procedió a elevar de inmediato el presupuesto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzando tal incremento al mes de septiembre del año en curso a 600 millones de pesos”.

Fuente/foto: Gobierno de Santa Fe

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Piden 9 años de cárcel para dos ex jefes policiales 0 215

Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitan penas de nueve años de prisión para dos exjefes de la policía provincial investigados por liderar una asociación ilícita que realizaba maniobras delictivas relacionadas a la reparación y compra de repuestos para vehículos policiales, en el marco de la causa conocida como “D4” (por el departamento Logística de la fuerza, del que dependen los patrulleros).

Los acusados son Rafael Grau, de 56 años, y Omar Odriozola, de 54. Hernández y Jiménez les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Los funcionarios del MPA pedirán también que a los dos exjefes policiales se les imponga una inhabilitación especial por 10 años para ocupar y para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos –a cada uno– por la comisión de ilícitos con ánimo de lucro.

“La pena que solicitamos se fundamenta en las características de los hechos ilícitos, las calificaciones legales que atribuimos desde el MPA, las conductas de los acusados y los medios utilizados en el marco de una organización constituida a los fines de defraudar a la administración pública”, manifestaron los fiscales. “Además, es un particular disvalor que los dos acusados fueron la máxima autoridad de la policía en toda la provincia. Esta particularidad los obligaba a no sólo hacer cumplir la ley, sino también a que ellos mismos la acataran”, agregaron.

 

En cambio, “los dos acusados eran los jefes de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada, formada por funcionarios públicos policiales y por civiles”, informaron los fiscales. “Usando su potestad jerárquica, los dos exjefes policiales dispusieron los medios por los cuales la organización se valió para ejecutar sus planes criminales, habilitaron el ámbito de las maniobras defraudatorias y consintieron las actividades ilícitas desplegadas”, añadieron.

Modus operandi

En la acusación presentada, Hernández y Jiménez brindaron detalles acerca de la modalidad delictiva. “Consistía en facturar reparaciones de móviles policiales que no se hacían y compras de repuestos que no se adquirían. Esto se hacía burlando el procedimiento administrativo respectivo”, precisaron. En tal sentido, detallaron que “los dos acusados firmaron cheques y realizaron facturas y rendiciones de cuenta que permitieron la disposición patrimonial ilegítima; coordinaron acciones con Facundo José Testi –organizador de la banda– y con sus miembros; y determinaron el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente”.

En el caso de Odriozola, habría actuado de esa forma entre enero y agosto de 2015, causando al Estado un perjuicio económico que asciende a 1.058.664,20 pesos. Por su parte, Grau operó entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, con un perjuicio patrimonial al erario público de 958.385 pesos.

Condenados
Además de los dos exjefes acusados, hay otras nueve personas que ya fueron condenadas –cinco de ellas a penas de cumplimiento efectivo– en juicios en los que se abreviaron los procedimientos. “Los condenados admitieron la existencia de los hechos y su culpabilidad, tal como lo sostuvimos desde la Fiscalía. Además, logramos la recuperación de más de cinco millones de pesos en concepto de reparación económica, donaciones y multas”, remarcaron Hernández y Jiménez.

 

Fuente: MPA / Agenciafé

Reclamo de AMSAFE por el cronograma de pagos 0 304

La entidad gremial que agrupa a los docentes santafesinos señaló su disgusto por el cambio puesto en marcha por la actual administración, que modifica el cronograma que se venía manteniendo durante el gobierno socialista.
“Desde el sindicato vamos a reclamar a las autoridades x la urgente revisión del cronograma de cobro, que excede ampliamente lo señalado por la Ley en cuanto al pago de haberes dentro de los primeros cuatro días hábiles de cada mes.
Todas y todos sabemos y sufrimos las consecuencias de no pagar a tiempo alquileres, cuotas, impuestos y servicios. Más allá del receso administrativo provincial, reclamamos al Poder Ejecutivo la urgente modificación del cronograma anunciado y publicado.”

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