La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de Ley de Educación Provincial, que rige sobre la educación pública en sus distintos niveles y modalidades y puede ser gestionada por el Estado provincial o por entidades privadas, cooperativas u organizaciones sociales, para garantizar “el derecho humano a una educación integral, permanente y de calidad”. A tal fin, establece que el gobierno debe comprometer un presupuesto no inferior al monto inicial aprobado en el ejercicio anterior.
Es la segunda vez que la norma logra acuerdo en la Cámara baja y de aprobarse en el Senado, Santa Fe tendría por fin una nueva ley de educación, ya que la última norma sancionada en esa materia es de 1949.
La iniciativa aprobada -que reúne 232 artículos- fue consensuada en la Comisión de Educación, unificando las propuestas ingresadas por Balagué (acompañada por el bloque Socialistas, sobre la base del proyecto enviado por Lifschitz y aprobado por unanimidad); por Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio), Ricardo Olivera (Justicialista), y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).
Entre las novedades que introduce el proyecto, se destacan la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años, la promoción de la jornada ampliada en las escuelas primarias, las prácticas educativas de los estudiantes secundarios en organizaciones sociales, culturales y productivas y la gestión cooperativa y social, con formas organizativas orientadas a sectores de la población en situación de vulnerabilidad social.
La ley suma como modalidades la educación en entornos virtuales, en procesos educativos que articulan presencialidad y virtualidad; la educación física y la educación rural y de islas, además de asegurar trayectorias abiertas y flexibles para estudiantes con discapacidad, priorizando la asistencia a la institución del nivel correspondiente y no exclusivamente a escuelas especiales. También establece el compromiso de jerarquizar en todas las áreas los conocimientos y prácticas de las culturas originarias para la construcción de ciudadanías interculturales.
Además, con esta ley el Estado provincial debe asumir el compromiso de la innovación permanente en la dinámica y los contenidos escolares, la enseñanza de los derechos humanos para reafirmar el compromiso con la defensa y promoción de derechos y libertades, la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que vulneraron los derechos humanos; en particular, la enseñanza y reflexión sobre la causa permanente e irrenunciable de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, a través de la articulación con los Veteranos de Guerra.
Explícitamente, incorpora como obligatorios la educación para la ciudadanía, la convivencia y la participación democrática; seguridad vial, educación ambiental, educación alimentaria, educación para el autocuidado, la salud, la calidad de vida, el acceso y uso de las tecnologías digitales, la vinculación con el mundo del trabajo, la enseñanza de la cultura y las lenguas, en particular, aquellas vinculadas a los pueblos originarios, las colectividades de inmigrantes y la integración latinoamericana.
Esta ley provincial es la primera en incluir la Educación Sexual Integral (ESI) laica, con perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidades sexuales en los establecimientos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y social, atendiendo a su realidad sociocultural y a sus necesidades, de acuerdo con la Ley Nacional N°26.150, que este octubre cumplió 15 años.
Foto: El Litoral
