Concejales de la oposición le contestaron al Ejecutivo 0 223

Los ediles Chale, Rógani, Mauroni y Abate respondieron a las acusaciones vertidas por la intendenta y concejales oficialistas sobre la no aprobación de estudios para la realización de los proyectos de un pabellón multimedia y un plan agroforestal.

En la conferencia de prensa realizada en el Concejo, Matías Chale aclaró que “un punto a aclarar es que los proyectos en cuestión son para realizar las carpetas, no para ejecución del edificio o el parque”. Se refería al proyecto enviado por el departamento ejecutivo, para proceder a la contratación de profesionales para los estudios previos a la construcción de un edificio destinado a Pabellón Multimedia, denominado “edificio puente”, ya que uniría a los sectores sur y centro de la ciudad, y al Proyecto Agroforestal Las Trojas.  Chale puntualizó que el artículo 2 del proyecto enviado por el Ejecutivo “autorizaría a la contratación de once profesionales para el pabellón multimedia, por un monto de 689 mil pesos, y a diez profesionales para el parque agroforestal, por algo más de 810 mil pesos, a través de subsidios no reintegrables de la Nación por algo más de un millón doscientos mil pesos, quedando el resto a cargo del municipio”.
Chale agregó al primer punto a aclarar, otro referido a la solicitud hecha en la sesión pasada “de que se mantuviera en comisión por una semana más, a fin de realizar modificaciones al artículo dos”, acerca de los profesionales que realizarían la tarea, “y que se consensuara por unanimidad”. “No se entendió así” continuó el edil “no se modificó ese segundo artículo ni prosperó la iniciativa de agregar un tercero, por eso no se leyó el dictamen”.
El meollo de la cuestión, pareciera ser, es la designación específica de los profesionales que tendrían a su cargo el proyecto. “Sentimos que es necesario abrir el juego, apelar a otras consultoras y a otros profesionales. Al Arq. Kingsland, que ya tiene a cargo el desarrollo del Plan Estratégico, se le encarga el estudio sobre el pabellón multimedia, y al Arq. Di Benedetto, que en su momento iniciara el Plan, ahora estaría al frente del estudio para el plan agroforestal. Lo que pretendemos con un concurso abierto es que se sume racionalidad y coherencia al proyecto”.

“La idea es aprobar esos proyectos” dijo Chale “se trata de un ejecutivo que fue votado masivamente por la ciudadanía, pero este Concejo está compuesto por ediles que también fueron elegidos, y durante dos períodos consecutivos la gente votó generar un bloque de la oposición para controlar los actos de gobierno”.

A su vez, el Concejal Rógani expresó que “ en los ocho años en los que ocupo esta banca, la conducta del Ejecutivo es la misma: no envían proyectos para que sean estudiados, sino para imponerlos, no importa que los aprobemos o nos opongamos, total no contamos con los cinco votos necesarios para parar un veto”. Sobre el caso actual, Rógani refirió que “en una semana más o menos iba a salir, ocurre que nos fijamos en que siempre los mismos profesionales son encargados de todos los proyectos, pero apenas proponemos alguna modificación o aclaración se enojan, les molesta que alguien piense distinto, nosotros sólo queremos hacer lo que manda la democracia.”
En orden a las razones del comportamiento oficial, Rógani arriesgó que fue “para tapar otra cosa, la casa que le voltearon al vecino Puntano”.
Respecto a los antecedentes de obstrucción a los que alude el Ejecutivo, el concejal agregó: “los concejales oficialistas son gente muy capacitada, pero que levanta la mano sin discutir nada. Yo pregunto, ¿cuántos proyectos que vinieron del ejecutivo se detuvieron en el Concejo?. Ninguno, ya sea porque se consensuaron, o funcionó el veto, salieron todos. Ocurre que me parece una barbaridad gastar ochocientos mil pesos para un estudio para plantar eucaliptus, ¿acaso la municipalidad no tiene ningún profesional que pueda decir lo que se debe hacer en Las Trojas?. Es una incoherencia, nos dicen que no nos ponemos la camiseta de Cañada, y resulta que con estos proyectos la plata se la llevan los de afuera.”
A todo esto, el concejal Fernando Mauroni agregó que “lo más trste de todo esto son las acusaciones falsas, sobre que trabajamos 10 minutos, que se nos trate de irracionales. Estamos toda la mañana precisamente estudiando los proyectos que envía el Ejecutivo, y por eso salen las objeciones”.
Por último, Amílcar Abate dijo que “el ejecutivo pretende que el concejo sea una escribanía, que sólo refrende los proyectos enviados por ellos. Aquí no se ha parado ninguno, si les encontramos alguna cuestión a mejorar, es simplemente porque lo pensamos en beneficio de todos los cañadenses”.
Al finalizar. Se le entregó a la prensa el art. 2 del proyecto enviado por el ejecutivo, con las modificaciones con las que se lo piensa presentar el próximo jueves.
El art. 2º está redactado de esta forma:
“Autorizar al Departamento ejecutivo Municipal a realizar un concurso público de antecedentes y oposición para la selección de los profesionales a contratar conforme el procedimiento e instructivos técnicos y administrativos previstos en el convenio mencionado en el artículo 1º precedente y sus anexos.”

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Piden informes sobre docentes no convocados de escuelas municipales 0 437

El concejal Matías Chale, a través de una minuta de comunicación, pide se informen los motivos por los que varios docentes que desde hace año están a cargo de talleres municipales, no fueron convocados para el inicio de las actividades en el presente año.
En el considerando de la minuta, Chale hace notar que se trata de docentes que al inicio de la pandemia, el año anterior, reclamaron públicamente por el recorte en sus sueldos, medida que luego el Ejecutivo no puso en práctica.

“Es incomprensible que el gobierno provincial no invierta los recursos que envió Nación para seguridad” 0 376

Las diputadas Clara García y Lionella Cattalini (Socialistas-FPCyS), el diputado Juan Cruz Cándido (UCR-FPCyS), junto a integrantes de sus respectivos bloques, pidieron al gobierno de Omar Perotti que informe por qué “no se ha hecho uso alguno, ni hay proceso licitatorio en marcha” para disponer de los 3.000 millones de pesos previstos en el convenio de inversión en seguridad anunciados por el Presidente en el mes de septiembre y formalizado en convenio del 16 de octubre de 2020. “Es una situación sumamente grave dada la escalada de violencia e inseguridad que vive la provincia, sobre todo en sus principales núcleos urbanos”, afirman, a la vez que advierten sobre “la posibilidad de que dichos fondos se pierdan por el transcurso del plazo de 120 días” dispuesto en el instrumento mencionado.

“Durante todo el año pasado cuestionamos la decisión del gobierno provincial de mantener recursos inmovilizados en depósitos a plazo fijo en lugar de asistir a tantos sectores afectados por la pandemia. Pero cuando hablamos del tema seguridad es más incomprensible aún que en medio de una crisis que la propia ciudadanía se encarga de denunciar, el Ejecutivo no destine todos sus esfuerzos a convertir los recursos disponibles en herramientas concretas”, indicaron los autores del proyecto.

“No se conocen iniciativas concretas de modernización, incorporación de equipamientos y tecnologías o nuevas instalaciones. En cambio, hay subejecución de las partidas presupuestarias votadas por la Legislatura provincial y ningún uso del aporte del Gobierno nacional en materia de seguridad con el riesgo, en este caso, de perderlo”, agregaron.

En los fundamentos de la presentación, recordaron que el 29 de setiembre de 2020, en visita oficial a Rosario, el presidente Alberto Fernández expresó su especial preocupación por la seguridad al anunciar que destinaría fondos a inversiones para la seguridad en Santa Fe. “Le pido al gobernador que le preste atención a Rosario, porque acá hay un foco al que debemos ir directamente y ayudar con recursos a las fuerzas para que puedan actuar de manera adecuada”, dijo el mandatario en esa oportunidad.

Según el convenio que se rubricó a mediados de octubre, los recursos debían ser destinados al “establecimiento y equipamiento de los Centros de Análisis y Operaciones Policiales” así como a “la adquisición de celulares robustos, equipos y sistemas de posicionamiento, nombres de punto de acceso (APN) privada y manejo de dispositivos móviles (MDM), hardware, software y mobiliario, licencias, mantenimiento y personal de soporte para administración de servicio técnico, dispositivos de rastreo a través de GPS /AVL para el seguimiento de vehículos, cámaras internas de videovigilancia para vehículos, drones y establecimiento de cableado y vehículos centro y de apoyo para drones”.

El aporte nacional llegó a las arcas provinciales antes del 23 de diciembre (primer decreto que asigna partida presupuestaria), pero un mes después los saldos no habían sido invertidos, por lo que el gobernador Perotti debió firmar un nuevo Decreto para reincorporar los 3.000 millones al Presupuesto 2021 de seguridad.

Al respecto, también mencionaron declaraciones del ministro de Economía, Walter Agosto, quien el pasado 31 de enero afirmó: “Los 3.000 millones de pesos son para un mega proyecto que se ejecutará fundamentalmente en Santa Fe y Rosario y que ya está en la etapa final de elaboración de pliegos en el Ministerio de Seguridad y con próximo al llamado a licitación”.

“Pasaron 40 días de esas declaraciones y el llamado a licitación no se ha producido. Desde los primeros anuncios a hoy pasaron casi 6 meses sin que en la provincia de Santa Fe se invirtiera un solo peso de estos 3.000 millones. Entonces, mientras el presidente Fernández aseguró en su discurso del 1° de marzo ante el Congreso de la Nación haber invertido ese monto para trabajar conjuntamente con Santa Fe en la prevención y reducción del delito, la realidad indica que los fondos siguen depositados en las cuentas bancarias de la provincia”, señalaron.

“La gravedad de esta inacción –explicaron desde la Legislatura- es que estamos ante el riesgo que se declare la nulidad del subsidio, tal como está dispuesto por el propio convenio, ante el incumplimiento del plazo de 120 días para utilizarlos y demás obligaciones que asumió la provincia al firmarlo”.

En los fundamentos advierten que “la situación no es nueva. El Ministerio de Seguridad, área que esta gestión provincial menciona constantemente como prioritaria, informó una gran subejecución presupuestaria en 2020”. Al respecto, indicaron que en los primeros 9 meses del año pasado sólo ejecutó el 6% de los recursos propios para bienes de capital, tales como edificios, infraestructura y equipamiento.

En relación a 2021, no sólo no hay ningún proceso licitatorio para la utilización de los 3.000 millones de pesos del convenio con Nación, sino que el sitio oficial muestra sólo tres licitaciones públicas iniciadas y cuatro sin abrir aún, imputadas al presupuesto propio, una de ellas interrumpida recientemente por la justicia (compra de armamento) por beneficiar presuntamente a un único oferente. Entre las otras, hay licitaciones por gastos normales de gestión, como barbijos bordados, papelería para actas de infracción, algunos minibuses y camiones, vestimenta para el combate de incendios forestales y boquillas para alcoholímetros, todas sin mayor impacto presupuestario.

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