En el boletín se encomienda a los ministros de Desarrollo Social, Salud, Educación, Economía, y Gobierno y Reforma del Estado a realizar las modificaciones o adecuaciones presupuestarias para incrementar aquellas partidas relacionadas con los programas sociales que garanticen el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria de la población santafesina.
Además, una comisión coordinada por el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, e integrada por representantes por dichos ministerios, tendrá a su cargo el seguimiento y control de esas acciones.
El ministro, en su calidad de coordinador de esta comisión, deberá convocar a las organizaciones o entidades de la sociedad civil que estime adecuadas a efectos de integrarla y colaborar con su misión de seguimiento y control.
Por otra parte, los distintos ministerios y secretarías que conforman el Gabinete Social Provincial deberán reforzar el trabajo coordinado con los gobiernos locales con el objeto de sobrellevar la actual situación económica y social.
Reclamo a Nación
En el decreto, Lifschitz denunció los recortes por parte de Nación de fondos claves para políticas de salud, educación y desarrollo social, y los esfuerzos llevados a cabo por la provincia en materia de contención social.
En el escrito advierte que “durante el 2018 el Gobierno Nacional cercenó drásticamente los fondos enviados a las provincias destinados a apoyar el gasto social en las jurisdicciones de Desarrollo Social, Salud y Educación Pública”. Por eso, sostiene que “frente a tal situación, y en aras de amortiguar el inevitable impacto de la crisis, se procedió a elevar de inmediato el presupuesto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzando tal incremento al mes de septiembre del año en curso a 600 millones de pesos”.
Fuente/foto: Gobierno de Santa Fe
