La Cámara de Senadores de la provincia aprobó este jueves la reforma previsional impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Fue en un trámite express a minutos de iniciada la sesión por 13 votos a favor de los legisladores de Unidos y 5 en contra de los senadores peronistas con ausencia del sanlorencino Armando Traferri. Afuera de la Legislatura se desarrollaba una numerosa manifestación de gremios estatales, judiciales y docentes.
El proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo busca reducir en alrededor de un 30 por ciento el déficit de la Caja de Jubilaciones del personal del Estado provincial. Durante la mañana, se efectuaron dos modificaciones al proyecto de mayoría que responde al oficialismo.
Afuera del edificio legislativo había una importante movilización de gremios, sobre todo docentes y estatales, que se habían agolpado en las escalinatas de la Legislatura en contra del proyecto del Ejecutivo.
Los manifestantes reclamaban ingresar al recinto para poder seguir la sesión, pero un fuerte operativo de seguridad había instalado un vallado en las puertas de acceso para evitar situaciones de tensión.
Durante la mañana se introdujeron dos cambios a la iniciativa oficial: las jubilaciones mínimas que se tienen en cuenta a la hora del aporte solidario pasan de dos a tres, con lo cual, deberá hacerlo solo aquellos jubilados que cobren por encima del millón de pesos.
Por otra parte, la emergencia previsional declarada por dos años, solo se puede extender un año y no dos como plantea el proyecto original.
El proyecto original
La iniciativa declara la emergencia previsional por el plazo de dos años y por otro modifica los regímenes jubilatorios para los empleados de la provincia.
La emergencia establece un aporte solidario que los beneficiarios de la Caja (actuales o futuros) deben realizar sobre el total del beneficio que perciben, durante el plazo de vigencia, con descuentos que van del 2% al 6% de acuerdo al beneficio percibido. Los que perciban más de una prestación de la Caja realizarán el aporte solidario sobre la sumatoria de ambos beneficios, en tanto que no realizarán aportes solidarios quienes perciban beneficios inferiores a las dos jubilaciones mínimas (la modificación que finalmente se votó establece ahora tres jubilaciones mínimas)..
Respecto del personal en actividad, realizarán el aporte solidario durante 36 meses y por un equivalente a un 2,77 % del haber quienes ocupen un cargo de conducción política o de gabinete, y que haya ingresado desde el 11 de diciembre de 2023 en adelante.
Un punto fundamental de la reforma es un nuevo régimen de aportes de los activos, que pasarán a ser progresivos. Actualmente todos aportan un 14 %, pero el proyecto propone que los aportes se incrementen en base a un nuevo cálculo que va del 15,5% al 21% dependiendo del ingreso percibido. Es decir que quien más gana, más aporta, e incluye a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes.
También se implementa un tope de haberes para los pasivos: actualmente hay beneficiarios que cobran un equivalente de hasta 32 jubilaciones mínimas, pero con este proyecto se aplica un límite por el cual nadie cobrará más de 20 jubilaciones mínimas. Puesto en números, hoy un juez de la Corte podría acceder a una jubilación de más de 12 millones de pesos, con el nuevo régimen rondaría los 8 millones.
El proyecto mantiene las edades actuales para acceder a la jubilación: 60 años para las mujeres y 65 para los varones y 30 años de servicios, aunque el gobernador podrá modificarlas por decreto si eso sucede a nivel nacional.
En relación al régimen docente, se establece como principio general que se accede a los beneficios con 60 años tanto para hombres como para mujeres, en orden a equiparar el tratamiento con independencia del género. No obstante, se priorizan las tareas propias docentes, en tanto, se puede acceder a los beneficios con 57 años de edad y 30 de servicios siempre frente al aula, con cargo directivo o supervisión, se pueden jubilar ambos con el 76% se incrementará un (2%) por cada año de servicio docente trabajado, hasta llegar al tope del (82%), estableciendo asimismo la progresividad de la aplicación.
Las modificaciones también alcanzan al Régimen Policial, que incluye al personal de la Policía de la Provincia, la Dirección General del Servicio Penitenciario, y del Iapip. En este caso, se propone que los aportes serán del 17% al 20% de su remuneración dependiendo del cargo que revistan y de la institución a la que pertenezcan.
El proyecto de reforma también establece disposiciones transitorias, algunas de las cuales establecen que los trámites de jubilación en curso al momento de publicarse la ley en el Boletín Oficial, serán analizados por la Caja y, en caso de obtener dictamen favorable, podrán acceder al beneficio conforme el régimen anterior. Mientras, aquellos trámites que cuentan con dictamen favorable y fueron paralizados por voluntad del beneficiario por más de 6 meses, accederán al beneficio con el régimen jurídico vigente al momento del cese de la prestación de servicios. Pero si el beneficiario quiere seguir en actividad deberá comenzar el trámite de nuevo.
Esto abarca principalmente a jueces, entre ellos tres de la Corte, que tienen la jubilación otorgada pero demoran el retiro a pesar de que ya superaron incluso los 75 años de edad que la Constitución impone como límite para el ejercicio de sus funciones.
Fuente: Rosario3
Foto: El Litoral
