El actual sistema productivo agrícola, basado en la alta dependencia de insumos químicos tóxicos y eventos transgénicos, está provocando daños significativos en la salud de las poblaciones humanas, animales y el ambiente en general. Si bien las evidencias en este sentido son cada vez más compartidas y contundentes, los intereses que sustentan el agronegocio son tan influyentes que se establece una especie de zona de conflicto sobre todo en las poblaciones más expuestas ante la necesidad de dar una respuesta a la problemática. En este caso una fumigación en una zona de Cañada de Gómez nos sirve de herramienta de análisis para algunos de los distintos puntos de vista.
En la ciudad, para rastrear la legislación existente en materia de reglamentación del uso de los químicos del agro, hay que remontarse a la década de 1980. Desde 1985 regía una ordenanza que prohibía el uso y almacenamiento de los biocidas en un radio que se extendía a los 3000 m (sí, tres mil metros) del ejido urbano. A comienzos del 2018 fue revalidada como todos los años y también siguió siendo incumplida por todos los gobiernos municipales desde su sanción y hasta el año pasado. La actual gestión municipal, la cual va ya por su quinto mandato, se cansó de decir que “no podían hacer nada porque la competencia es de la provincia y que debe hacer cumplir la ley 11.273”.
Esta legislación provincial no es clara y permite interpretaciones diversas. Tanto que debe haber una zona de resguardo de 500m libre de cualquier aplicación, como lo entendemos quienes queremos alejarlas; como que con determinados productos y con las BPA se puede aplicar hasta el mismo limite periurbano, como promueven los más cercanos al agronegocio. Por ejemplificar solo lo que refiere a los metros sin aplicaciones. La provincia tampoco hizo nada por cumplir ninguna de las reglamentaciones.
El proyecto modificatorio de la mal llamada “Ley de Fitosanitarios”, la N.º 11273/95 está por perder estado parlamentario (hay que comenzar de nuevo desde el principio)… por sexta vez en estos 12 años que la Multisectorial Paren de Fumigarnos viene bregando para modernizar una ley que es del año 1995, cuando todavía la soja apenas estaba en su auge. Es decir, que es una ley que ha quedado totalmente desactualizada y que no contempla los nuevos problemas y desafíos que nos trae la agricultura transgénica.
Demasiado sufrimiento y daño en la salud han tenido y tienen nuestros vecinos de los pueblos fumigados de la provincia como para que la legislatura santafecina siga especulando y demore el tratamiento de una ley que priorice la salud de los/las santafecinos y santafecinas por sobre la renta del agronegocio. Desde una cátedra de Ciencias Médicas de la UNR aseguran que el crecimiento de casos se vincula a la exposición a agrotóxicos. La estadística oficial del Ministerio de Salud indica que los departamentos Caseros, Iriondo y Constitución tienen las mayores tasas de mortalidad. Los números y el análisis lo publicó el periodista Guillermo Ghergo el 2 de octubre 2015.
A mediados de 2018 luego de la denuncia penal de Norma Cabrera (patrocinada por un abogado de la Agrupación “Paren de Fumigarnos”) contra varias personas (incluida la intendenta), después de la conformación de un colectivo de vecinos movilizados por la problemática y de que el tema alcanzó una difusión mediática importante el oficialismo municipal sancionó a fines de ese año una nueva ordenanza. Contradiciendo el “no podemos hacer nada” para luego determinar una zona de 150m sin aplicaciones. Para muchos una medida anticonstitucional porque es regresiva en cuanto a la protección del ambiente respecto de la ordenanza anterior. De igual manera ésta sería la vigente.
Norma Cabrera, vecina que, cansada de sufrir el deterioro de su salud, de sus animales y de su huerta por la deriva de los agrotóxicos, siguió poniendo su cuerpo para denunciar a los responsables. Al norte de la ciudad en el campo de un propietario que no lo trabaja y un productor que lo alquila y produce en él. Actualmente un cultivo de soja transgénica, que contando 150 m desde calle La Plata está lleno de yuyos, de ahí en adelante solo la oleaginosa sobrevive al coctel aplicado en las fumigaciones.
El productor siguió fumigando (esta vez respetando la ordenanza recientemente aprobada por el municipio). Según él el ingeniero municipal a cargo estuvo presente durante toda la aplicación desde el llenado del tanque hasta que el mosquito salió del campo. Así constató los productos utilizados (en este caso todos de banda verde) un graminicida (cletodin), dos aceites adherentes, la dirección y velocidad del viento. Según el funcionario todo conforme a la ordenanza.
Muchos siguen sosteniendo que si las fumigaciones se realizan “bien” nadie debería tener problemas y que se podrían realizar prácticamente sin una distancia “buffer”. La aplicación se hizo conforme a lo que se conoce como BPA y respetando la distancia que propone la nueva ordenanza. No obstante, lamentablemente, el cuerpo de Norma nos señala que igualmente alguno de estos productos nocivos para la salud llegó hasta los vecinos y hoy en día la justicia da la razón a Norma imputando al productor agrario penalmente por aplicar agrotóxicos en la vivienda de su familia poniendo en riesgo la salud de las personas, envenenando el agua, el suelo y el ambiente.
Este suceso, como muchos otros, demuestra que las BPA son insuficientes para cuidar la salud de la población. Y que, combinados con 150 metros sin aplicaciones, no constituyen una protección seria.
Por el contrario, convalida la información científica que sostiene que las fumigaciones, con sus distintas posibles formas de derivas por la interacción con algunas condiciones climáticas imprevisibles son, en cierta forma, incontrolables. Y por eso exigimos al menos controlarlas y alejarlas lo más posible. Y anhelamos que se le preste atención a los muchos ejemplos de agricultura sin venenos, que cada vez seduce a más familias productoras y que suman ya muchos años de experiencia.
Rubén Eduardo Kelo Moreno
