Asimismo, el diputado Giustiniani presentó un proyecto en la Legislatura en la que se declara el “más enérgico rechazo a la Resolución Nº 20/2018 de la Secretaría de Energía de la Nación” al considerarla “inconstitucional, arbitraria, injusta y abusiva”
El mensaje de Giustiniani:
El tarifazo retroactivo del gas es injusto e legítimo porque viola la naturaleza de servicio público. La tarifa del servicio público debe ser justa y razonable y por lo tanto no puede aumentar por encima de los incrementos salariales y los parámetros de la economía.
Un tarifazo retroactivo a consecuencia de la devaluación es ilegal e inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que “la audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones…”, reconocido por el artículo 42 de la Constitución Nacional que prevé la participación de los usuarios de los servicios públicos.
El Secretario de Energía miente cuando explica las razones de este tarifazo retroactivo por una ley de los 90. Los contratos fueron firmados por el ex Ministro Aranguren con las petroleras y les garantizó para la explotación de Vaca Muerta un precio de U$S 6,40 el millón de BTU a boca de pozo, mientras en el mercado internacional vale U$S 3.
Los usuarios no debemos pagar un precio exorbitante más la devaluación salvaje producto de las mismas políticas económicas del gobierno.
El interrogante que surge es elemental: ¿cuánto costará el próximo tarifazo del gas retroactivo cuando el dólar antes de fin de año llegue a $48 como anuncia el acuerdo firmado con el FMI?
Que el secretario de Energía Iguacel nos lo explique ahora.
El Congreso Nacional y la Justicia deben actuar ya en defensa de los usuarios y de la Constitución Nacional.
