Dos pedidos a la Provincia emanados desde el Concejo 0 720

Se solicita la regularización de pagos de IAPOS a Instituciones y empresas de transportes que trabajan con personas con discapacidad, y que se distribuyan los fondos asignados en el marco del Programa “Atención Gobiernos Locales – Emergencia Covid-19”. Ambos proyectos de resolución pertenecen al bloque UCR.

Los concejales de la UCR, Matías Chale y Luciano Travaglino produjeron dos proyectos de Resolución, ambos tienen como destinatario al gobierno provincial.

El primero es un pedido de regularización de la deuda que IAPOS mantiene con instituciones y empresas que trabajan con personas con discapacidades.

En los considerandos se remarca la dependencia de las prestaciones de dichos servicios de las obras sociales, y el dato que proporciona el Indec, sobre la existencia en Santa Fe de entre un 11,1 y 14% de personas con algún tipo de discapacidad, un número cercano a las 500.000 personas.

El otro pedido refiere a la distribución de los fondos asignados en el marco del Programa “Atención Gobiernos Locales – Emergencia Covid-19”.
De ese fondo creado por ley provincial, expresa la solicitud de los concejales, sólo ha sido aplicado en un 10 por ciento. Y cierran los considerandos: “Que para los municipios que enfrentan diariamente esta situación crítica dando respuesta a los requerimientos de la comunidad más allá de sus posibilidades y de las que responsabilidades que les son propias y en un contexto de fuerte caída de las recaudaciones- resulta sumamente importante la asistencia que por ley hoy corresponde; y más aún, cuando el Poder Ejecutivo insistió una y otra vez en que la sanción de esta Ley (al igual que la Ley de Necesidad Pública) se constituía en condición sine qua non para poder ayudar con recursos a los gobiernos locales”

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Chale presentó un proyecto para que Nación de marcha atrás en los ajustes 0 212

El bloque UCR presentó un proyecto de resolución solicitando al Ministro de Economía de la Nación que dé marcha atrás con los recortes presupuestarios aplicados a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Que se garantice el cumplimiento y ejecución del Programa de Autonomía para el Egreso (Pae) y de la ley 27.452, más conocida como Ley Brisa. El gobierno nacional ha concretado algunas medidas de ajuste llevadas a cabo por el Ministro de Economía, Sergio Massa, recortado las transferencias previstas en 70.000 millones de pesos al Ministerio de Educación, en 10.000 millones al de Salud y en 50.000 millones al programa Procrear.

“La propia defensora de los Niños de la Nación, Marisa Graham, sostuvo que hay partidas faltantes que impiden que la Sennaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) pueda cumplir el mes que viene con el Pae, la ley Brisa y con la remuneración para los cuidadores y cuidadoras de los centros de desarrollo infantil y que el recorte de partidas alcanza al Programa de Autonomía para el Egreso (Pae), que asiste a los jóvenes que egresan de hogares convivenciales, y a la remuneración de las cuidadoras de los centros de desarrollo infantil”, explicó el concejal Matías Chale.

“El objetivo de esta resolución es que el gobierno Nacional tenga más cuidado, que vea bien donde ajusta, ya que la semana pasada se habló mucho de los ajustes en discapacidad, una de las áreas más sensibles, lo que provocó que el año pasado también presentamos desde nuestro bloque proyectos a nivel provincial cuando hubo ajustes en el IAPOS en cuanto a discapacidad y ahora a nivel nacional donde se da un caso similar”, informó.

Marisa Graham, funcionaria oficialista, estuvo en diputados dando su informe en el cual dejó expresado que si no se regulariza la situación económica de estas partidas va a denunciar al ministro de Economía por los recortes realizados incumpliendo varias leyes. “Ella ha cumplido con su función que es la de defender a los niños de la nación por encima de los colores políticos o las gestiones, reclamando y señalando que está decidida a ir a la justicia para que se cumpla con lo que establecen las leyes”, agregó el concejal de la UCR
Según el informe presentado por la Defensoría, se asistió en 2021 a 842 hijos de víctimas de femicidios, pese a que la programación anual preveía asistir a 900. En tanto, se brindó asistencia a 1012 jóvenes sin cuidados parentales, cuando la proyección era de casi el doble.

La ley 27.452, más conocida como “Ley Brisa”, fue sancionada en 2018 por unanimidad por la Cámara de Diputados. La norma prevé una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios. En ese sentido, crea un régimen de pagos para niñas, niños y adolescentes cuyo “progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora”.

La reparación económica -el equivalente a un haber jubilatorio mínimo- deberá ser abonada por el Estado Nacional mensualmente y será considerada como de atención integral compatible con asignaciones familiares.

 

El bloque UCR pidió derogar la sobretasa en la TGIU 0 245

El bloque de la UCR presentó un proyecto de Ordenanza con la finalidad de derogar la sobretasa dentro de la TGIU correspondiente a los inmuebles edificados que están desocupados o en estado de abandono que es del 200 por ciento sobre la tasa anual del inmueble según la Ordenanza 7624/12 por considerarla improcedente y por no haber logrado los fines para los cuales fue sancionada. También se presentó la derogación de los artículos 21 y 22 de la Ordenanza 8580 que establece sobretasa para los inmuebles baldíos.

“Hemos recibido reclamos de vecinos a quienes les han llegado las boletas del TGIU con la aplicación de esta ordenanza, luego de 10 años de su promulgación, pero dicha propiedad a la que se imputa la sobretasa, no está desocupada, ni en estado de abandono”, explicó Matías Chale.

“La supuesta necesidad de disminuir la desertización de puntos clave de la ciudad, mantener la limpieza, el orden y la estética edilicia de la ciudad; evitar el estado ocioso de la propiedad y disminuir los costos de los alquileres inmobiliarios a la cual se recurre, para argumentar y justificar dicha ordenanza, no posee sustento en la realidad de la ciudad, ni ha logrado bajar los costos de los alquileres, ni ha cumplido ninguno de los propósitos argumentados en la norma”, completó Chale.

Su compañero de banca, Luciano Travaglino, recordó que la Ordenanza 7624 establece una sobretasa del 200 por ciento; y que la ordenanza 8580 en su artículo 21 establece para baldíos sobretasa de 400, 300 y 200 por ciento para las zonas radio 1, 2 y 3 respectivamente.

“La existencia de un terreno sin edificación alguna o baldío no implica un cargo extra para el municipio en relación a la tasa municipal. Por lo que los propietarios de los terrenos denominados como baldíos están obligados a mantener los mismos desmalezados y limpios, en caso contrario serán sancionados por dicha infracción”, acotó Travaglino. La iniciativa será debatida y analizada en Estudio de Comisión.

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